De no creer: Todavía hay que explicar que la Comunicación es un derecho
La Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) llevó a Washington los reclamos de una amplia franja de la ciudadanía argentina que siente que los derechos humanos a la comunicación se están avasallando en plena Democracia. En el marco del 157 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, representantes de organismos de derechos humanos, universidades públicas, sindicatos de trabajadores de prensa y redes de radios comunitarias (como FARCO), encabezados por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) exigieron al gobierno del presidente Mauricio Macri que explique las razones por las cuales impulsó medidas que en el campo de la comunicación disolvieron organismos con representación significativa del Poder Legislativo, de las provincias y de diversos sectores académicos, de medios comunitarios y trabajadores, para reemplazarlos por otro con mayoría automática del Ejecutivo (ENACOM). Al mismo tiempo los peticionantes inquirieron fundamentos sobre la supuesta necesidad y urgencia que esgrimió el gobierno para fomentar la concentración de medios mediante cambios en los topes regulatorios y la transferencia de la televisión por cable al sistema mercantil de las telecomunicaciones.
Las medidas del actual gobierno provocaron además, incertidumbre respecto del manejo de la pauta de publicidad oficial, ya que se propusieron debilitar a los medios privados comerciales afines al kirchnerismo hasta diciembre de 2015 en vistas a hacerlos desaparecer o bien fusionarlos con medios de nuevo signo político y la pérdida de puestos de trabajo en medios públicos (Infojus Noticias, Radio Nacional y La TV Pública) y privados (con el Grupo 23 como paradigma).
Durante los primeros cien días de gobierno macrista se han vulnerado derechos a la comunicación ya consagrados que le habían otorgado una expresión plena a miles de experiencias de nuevos medios comunitarios (tanto de TV como de radio) que se vieron atacadas y estigmatizadas por los decretos que anularon parte de la normativa legal sobre servicios de comunicación audiovisual. La Ley 26.522 que fue objeto de la furia de la nueva gestión y virtualmente derogada en un tiempo récord garantizaba transparencia, participación plural y representación sectorial. Se trataba además de la primera norma jurídica que se planteaba regular el campo de la radiodifusión, que había conseguido transitar todos los canales institucionales en las tres décadas de Democracia ininterrumpida, al momento de su sanción. Por otro lado antes de su aprobación parlamentaria, se había discutido en cientos de foros en todo el país (con participación de investigadores, abogados especializados, referentes sindicales, periodistas, trabajadores de la cultura, etc.) y había conseguido promover una empatía social que ninguna otra ley había suscitado en el mismo período.
La representación de la sociedad civil en la audiencia ante la CIDH fue encabezada por el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, a quien acompañaron Martín Becerra (investigador de la Universidad Nacional de Quilmes), Damián Loreti (CELS), Néstor Busso (Farco), Daniel Badenes (de la Red de Carreras de Comunicación Redcom) y Ana Jaramillo, rectora de la Universidad Nacional de Lanús. Por el Gobierno asistieron el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj; el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Miguel de Godoy; Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires; Eduardo Bertoni; el embajador ante la Organización de Estados Americanos, José Arcuri; y la directora del Enacom, Silvana Giúdici.
El encuentro tuvo lugar en la sala de audiencias de la sede central de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington y estuvo presidida por el comisionado James Cavallaro. Horacio Verbitsky comenzó su presentación haciendo referencia al “muy alto impacto” que generó la “anulación” de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) dado que “con el pretexto de las falencias en la aplicación” se sustituyó “un esquema participativo y multisectorial por otro de regulación y gestión puramente estatal que excluye a la sociedad civil” (Diario Página/12, sábado 9 de abril de 2016). Los representantes del Estado argentino, en respuesta, evaluaron críticamente la gestión del gobierno anterior y plantearon un futuro escenario de diálogo sin hacer alusión a la afectación de derechos que ya está ocurriendo.
En el actual escenario los debates más relevantes en el campo de la comunicación se siguen relacionando a las posiciones que se toman en torno la libertad de expresión, la pluralidad de voces, la diversidad y la participación ciudadana de la sociedad civil en el ámbito de las comunicaciones y la concentración de la propiedad de los medios.
En su exposición, Damián Loreti (CELS) advirtió sobre la gravedad de algunas medidas gubernamentales recientemente adoptadas como “la afectación de la autarquía legal de los organismos encargados de la aplicación de leyes de servicios de comunicación audiovisual y telecomunicaciones”. Recordemos que apenas asumido, el nuevo gobierno ordenó por decreto la intervención de la AFSCA y de la AFTIC durante 180 días argumentando que ambos organismos y sus autoridades no respondían a la nueva estructura orgánica de la Ley de Ministerios. Al poco tiempo se ordenó disolver ambos organismos para reemplazarlos por el Enacom (Ente Nacional de Comunicación). El organismo que controla ahora las actividades audiovisuales y de telecomunicaciones está integrado también por siete miembros, al igual que sus antecesores, pero todos son designados por el Poder Ejecutivo. El PEN eligió a los únicos cuatro directores nombrados hasta ahora. Los otros tres serán representantes de las minorías del Congreso Nacional, pero todos pueden ser removidos por el presidente, sin causa justificable. La nueva situación normativa se parece mucho más a la que dejó como legado la dictadura militar que al panorama recibido por el actual gobierno surgido de un triunfo electoral ajustado en las urnas el último noviembre.
Mientras regía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en cambio, el directorio de la AFSCA contemplaba la participación de los partidos de oposición política con presencia en el Congreso (la segunda y tercera minoría), representantes de las provincias y las universidades, que debían ser designados por otro organismo creado en la LSCA (el Consejo Federal de Comunicaciones), integrado por representantes de todos los sectores (dueños de medios, trabajadores de radio, cine y televisión, los sectores sin fines de lucro, Organizaciones no gubernamentales). El ENACOM se encuentra absolutamente dominado por el poder Ejecutivo y contribuye a un escenario de rígida disciplina y nulos cuestionamientos a las decisiones del gobierno actual.
En las palabras del especialista en Derecho a la Información Loreti también apareció la preocupación por los límites necesarios al proceso de concentración de la propiedad de los medios, que a las claras no forma parte de las prioridades del gobierno actual ni del perfil que quiere darle a su nuevo proyecto de Ley. Loreti se expresó en contra del régimen de renovación automática de las concesiones a los licenciatarios que Macri aplicó por DNU e ilustró conceptualmente que “la libertad de expresión se apoya en los principios de pluralidad de voces (o sea en medidas antimonopólicas activas); en diversidad de las voces (medidas de inclusión social y distribución de la palabra), y no discriminación (acceso en condiciones de igualdad a los procesos de asignación de frecuencias)”.
Esta semana tras la aprobación en la cámara de Diputados de los decretos que cercenaron la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Oscar Aguad, el ministro de Comunicaciones había declarado eufórico que "Aquellas famosas adecuaciones que exigía la Ley de Medios han sido suprimidas y hoy la idea es una gran apertura y que todos puedan competir en el mercado, un paradigma totalmente distinto". Luego el funcionario macrista añadió que "antes de fin de año tenemos que tener un nuevo proyecto que será presentado ante el Congreso” anticipando lo que a esta altura es una tensión ideológico/conceptual que separa en muros infranqueables dos miradas antagónicas. Los que se apoyan y promueven una idea de comunicación como un capítulo más de los derechos humanos y los que la comprenden como simple negocio de élite que debe dirimir disputas con las leyes precarias de un mercado inestable como el de los medios.
En el primer caso el acento de toda política está puesto en garantizar la diversidad de voces, el pluralismo de ideas y una real participación ciudadana en la producción de los mensajes con capacidad de circulación. De ahí que el AFSCA durante los últimos años no solo haya promovido nuevos contenidos sino que también haya colaborado en la capacitación de los comunicadores, el acceso de las TIC, y la formación de audiencias. Al tiempo que también ha colaborado en la representación democrática de sectores históricamente vulnerados como niños, mujeres, discapacitados, pueblos originarios, adultos mayores, jóvenes con adicciones o en conflicto con la ley penal, pueblos migrantes, etc. Mientras que la políticas basadas en las necesidades del mercado se configuran en torno a la facilitación de nuevos mercados y consumidores, planes de negocios y horizontes de expansión a los grandes conglomerados comunicacionales.
Fue un gran acontecimiento el de la audiencia con la CIDH, no fue un día más ni un detalle menor. La comunicación entró una vez más en las esferas internacionales que ponen la lupa en el monitoreo de las políticas públicas que cercenan un derecho sin el cual la Democracia es lisa y llanamente una quimera.
