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Claves para un sistema de protección integral de derechos de las infancias


La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, en conjunto con Unicef y la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, realizó una capacitación sobre “El rol de los poderes del Estado y responsabilidades compartidas en la protección de los derechos de la niñez”, a cargo de Alejandro Morlachetti, especialista internacional, consultor de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).


En la apertura Sandra Tirado, secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia expresó que “desde el Ministerio, el abordaje de niños desde lo proteccional y penal funciona bajo la misma órbita. En el Poder Judicial esto no funciona de igual manera y frente a esta diversidad de trabajo, muchas veces existe una diferencia en el abordaje de estos chicos. Si bien ya hemos trabajado en esta línea, la idea es poder nuclear y priorizar la necesidad y el derecho del adolescente. Queremos trabajar sobre lo que la ley establece y lo que realmente estamos haciendo”.


La disertación de Alejandro Morlachetti, giró en torno a las obligaciones del Estado Nacional y Provincial con respecto a la niñez y adolescencia, en el marco de la Convención de los Derechos de los Niños (CDN), para reflexionar sobre cómo éste se relaciona con las normativas provinciales y el rol de los poderes del estado. La charla brindó herramientas para que los organismos que operan con niñas, niños y adolescentes aborden los diversos temas en forma unificada y articulada, con estrategias comunes. Construir una mirada integrada es comprender de modo complejo el tema de los derechos. Morlachetti dijo que “por ejemplo desde el concepto de ciclo de vida, se hace obvia la vinculación y la concordancia de la CDN y la CEDAW. Asegurar los derechos de las niñas significa asegurar los derechos de las mujeres. Pero, implica, también replantear las relaciones de género, desde la infancia, con el fin de construir nuevas formas de relacionarse entre los adultos, transformando las relaciones jerárquicas entre hombres y mujeres”.


También hizo referencia a los principios claves en materia de derechos de la niñez:

  • Principio de No discriminación (Art. 2)

  • Interés superior del niño (Art. 3)

  • Derecho a la vida, supervivencia y desarrollo (Art.6)

  • Opinión del niño (Art.12 -Art. 5)

  • Implementación & Progresividad (Art. 4)

El especialista explicó que la Doctrina de Protección Integral se sintetiza en los siguientes principios:


- Los Niños son personas titulares de derechos y obligaciones, igual que los adultos, y por tanto, sujeto de derechos. No pueden ser considerados objetos pasivos de protección del Estado y de los padres.


- Se reemplazan viejas concepciones de derechos absolutos de los padres por sus hijos por un concepto de responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos/as.


- Se incrementa la participación de los niños en la toma de decisiones familiares y en todo procedimiento administrativo y judicial que los afecte, priorizando el respeto por la capacidad evolutiva de ellos y ellas y sus crecientes derechos a la autodeterminación.


Morlachetti agregó que “si bien el país todavía debe readecuar sus prácticas a la Ley 26.061, que instauró el funcionamiento del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, podemos decir que en materia de niñez, hemos dado un gran paso. Nuestra materia pendiente es lograr una legislación adecuada en términos penal juvenil, para lo cual debemos rever la mirada que Argentina tiene con respecto a niños y adolescentes que comenten delitos”.


En este sentido reafirmó las garantías que la CDN otorga en materia Penal:

  • Los niños son Sujetos de derechos y obligaciones, y como tales deben gozar de las mismas garantías que los adultos, aparte de aquellas que les corresponden por su especial condición.

  • Se distingue entre situaciones de abandono y necesidad que requieren soluciones que provienen de políticas públicas activas y de orden administrativo y menores de edad infractores que suponen decisiones de carácter jurisdiccional.

  • Una política de justicia juvenil, sin una serie de medidas dirigidas a la prevención de la delincuencia está seriamente afectada en su eficiencia.

  • La protección del interés superior del niño, significa que el sistema de justicia penal, (represión/retribución) debe dar lugar a los objetivos de la rehabilitación y justicia restaurativa. Esto puede realizarse al mismo tiempo que se presta atención a una efectiva seguridad pública.

  • Sólo las acciones típicas y antijurídicas pueden tener entrar en conocimiento del Juez Penal quien deberá fundamentar cada medida ordenada. Pena de solo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda

  • Directriz 56 de Riad establece que ‘‘deberá promulgarse una legislación por la cual se garantice que todo acto que no se considera un delito cuando lo comete un adulto, tampoco deberá considerarse un delito cuando es cometido por un joven”.

Niños Infractores y la necesidad de garantizar derechos


Alejandro Morlachetti observó que “hay una mirada errada sobre los chicos infractores, que parecerían no ser merecedores del sistema de protección y esto es todo lo contrario. El contacto del chico con el delito proviene de alguna causa que se relaciona con problemáticas complejas de sus necesidades básicas del sector donde vive y su contexto. La mirada del delito de la persona menor de edad es reactiva y no preventiva”.



Tras la presentación se abrió una ronda de preguntas y opiniones por parte del público. Daniela Dantur, Directora del Instituto de Adolescentes Santa María Goretti, de la SENAF de Tucumán, consultó acerca de los cruzamientos de los controles de legalidad y convencionalidad. Señaló que en la provincia se está viviendo un proceso de implementación de un Sistema de Protección Integral pero que la transgresión sigue siendo un límite el sistema, entre la protección y la punición. “En nuestras propuestas siempre aparece la figura del castigo para abordar las transgresiones, nos cuesta pensar en una línea diferente que habilite al adolescente en un camino de autonomía”, señaló.


En respuesta Morlacheti destacó la necesidad de garantizar el derecho a la participación de los niños y jóvenes en todos los sistemas de protección en articulación con la creación de un sistema Penal Juvenil. “No es posible garantizar los derechos si los niños no se expresan, no participan y no forman parte de la racionalidad, inclusive de las instancias punibles” destacó.


En los espacios convivenciales hay que tomarse en serio la generación de dispositivos de captación real de la opinión y el sentir de los chicos. Se debe superar la mirada que los instala como sujetos pasivos. El abogado expresó que “hay en todas las instituciones una tendencia tutelar de sobre protección que termina haciendo mucho daño en los niños y jóvenes. Los sistemas de protección de derechos deben servir justamente para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los niños”


Luego dio pistas y dijo que “los avances van a depender del diseño adaptado de los dispositivos a la necesidades reales de los niños según sus particularidades. Si el niño está atravesado por una problemática de salud mental, por ejemplo, se debe garantizar un servicio profesional de salud mental, así como garantizar acceso a la educación, la cultura y la recreación”


También surgió la consulta por el derecho a percibir la Asignación Universal por Hijo en el caso de los niños sin cuidados parentales. Morlacheti respondió que ese punto debería haberse previsto, y destacó que hay que superar una línea de pensamiento que la sociedad tiene internalizada vinculada al paradigma del patronato.


Daniela Bravo, directora de Niñez aportó que se debe pensar al sistema de protección como un sistema integral universal, y no como dispositivos que implementan políticas focalizadas. El lenguaje que se usa debe dar cuenta de una vocación de integralidad.


Patricio, de Amachay, reclamó que se piense en las condiciones económicas y en el mismo sistema capitalista como generador de desigualdades y como obstáculo de la realización de los derechos.


En este punto el especialista respondió que en todos los temas que atraviesan los niños hay que analizar si se ejerce el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales. Y el foco de la responsabilidad tiene que estar siempre en los Estados y en las Políticas Públicas, dado que es el Estado el que tiene que tomar medidas para que las personas puedan superar la pobreza. El sistema económico siempre tiene un rol en la vulneración de los derechos y se debe entender que la niñez es uno de los sectores más golpeados por este tipo de factores. Por ejemplo la falta de empleo de los padres es uno de los factores que más derechos vulneran en los niños. Por eso es necesario que el Estado intervenga en la solución de manera efectiva.


Cristian, abogado de la Dirección de Adultos Mayores, contó una experiencia con chicos con experiencia de infracción de la Ley Penal, mayores de 18 años con los cuales se pensaron dispositivos teatrales para trabajar el principio de Libertad Responsable para poder generar de modo autónomo un camino personal alternativo a las soluciones propuestas por el poder judicial. Morlacheti enfatizó la necesidad de construir sistemas de medio camino donde se vaya monitoreando al joven pero también donde él vaya participando activamente de la toma de decisiones sobre su propia vida, sin necesidad de tener tutores adultos. Se debe innovar y romper con la lógica permanente de institucionalización para ayudarlo a insertarse a una lógica de vida real.


Finalmente, la representante de Unicef, Viola, reveló que “este año comenzó un nuevo ciclo de cooperación con Argentina, en donde la idea es empezar a trabajar distintas líneas de acción. En Tucumán proponemos trabajar en fortalecer al Sistema de Protección Integral y a la vez trabajar en lo que es el Sistema de Justicia Penal Juvenil y la interacción entre un sistema y otro. Apuntamos a que se suscriba un convenio entre la Corte y el Ministerio de Desarrollo Social, poder trabajar en capacitaciones y en la implementación de protocolos. Frente a esto, nos pareció importante convocar a un especialista que pueda mostrar la importancia de que interactúen estas partes”.

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