En un año electoral el gobierno fuerza el debate sobre la baja de edad de imputabilidad
Tras el asesinato de Brian Aguinaco, el chico de 14 años que fue baleado cerca de su casa por otro chico de 15, el Gobierno impulsará un debate sobre la baja de la edad de imputabilidad de los menores que delinquen. La Casa Rosada planea convocar en los próximos días a "una comisión de expertos" para que elabore un anteproyecto de ley de reforma del régimen penal juvenil, que será enviado al Congreso después de las elecciones legislativas. La intención de la Casa Rosada es bajar de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, con distintas escalas según el delito cometido: la pena de prisión sería sólo para los casos más graves, como homicidio, violación y delitos con armas.
En varias entrevistas difundidas durante la semana el ministro de Justicia y derechos humanos Germán Garavano expresó que la reforma del régimen penal juvenil estaba prevista en el programa Justicia 2020. "El año pasado hicimos debates con cientos de participantes y eventos públicos, trabajos con Unicef. Hicimos lo que se denomina recolección de materiales y opiniones de expertos. Ahora empezamos con la generación de una comisión para que trabaje en la reforma de la ley penal juvenil. La que está vigente es de la dictadura militar y es un régimen básicamente paternalista", explicó el funcionario. Y agregó: "Necesitamos cambiarlo por un régimen de derechos y obligaciones. Dentro de ese debate uno de los temas tiene que ver con la edad de la imputabilidad, hoy la posición del Gobierno es que hay una situación en esa franja de 15 años que debe ser abordada por la ley, pero el trabajo de la comisión de expertos estará orientado al abordaje de los jóvenes y su tratamiento".
Un tema para expertos, pero sin organizaciones sociales
Germán Garavano explicó que la comisión especial tendrá una conformación "plural". La mesa estará coordinada por un representante del Poder Ejecutivo y estará integrada por jueces, fiscales, expertos en justicia penal juvenil, referentes de educación y salud.
Sus impulsores lo presentan como un instrumento de producción de consensos con la oposición que se plasmará cuando se termine de elaborar el anteproyecto. El gobierno planea contener a los sectores más garantistas estableciendo penas diferentes aún para los casos más graves. Este es un reclamo de especialistas de Unicef.
Otra idea es que, para los casos de jóvenes entre 14 y 16 años, la carga de la prueba sea de la fiscalía para demostrar que el autor comprendía la criminalidad del acto, a diferencia de lo que ocurre en el resto de las causas. Esto porque, puede haber casos de chicos de 15 años que “por una cuestión de maduración” no comprenden la criminalidad de sus actos.
Voces opositoras que se expresaron
Sobre el proyecto de baja de edad de imputabilidad, La diputada nacional y líder del GEN, Margarita Stolbizer dijo que: "Hubiera querido escuchar al Presidente proponiendo un cambio en la educación para que los menores tengan un mejor futuro y no proponer bajar la edad de imputabilidad para que vayan presos". Luego agregó que "el promedio de edad de abandono de la escuela es a los 14 años, entonces lo que nos debe preocupar es qué hacer para que un chico de esa edad no abandone la escuela". De todos modos Stolbizer consideró que el actual régimen penal juvenil debe modificarse, "si el Presidente dijera que quiere cambiar el régimen lo apoyamos, lo que no queremos es bajar la edad de imputabilidad, porque lo que necesitamos es cambiar esta escuela expulsiva y que a los chicos no les enseña nada", sostuvo tajante Stolbizer. De todos modos apoyó la hipótesis del ministro Garavano acerca de la incidencia de los delitos cometidos por adolescentes al sostener que el actual sistema sólo genera que "se vayan reproduciendo los chicos que cometen delito", y que eso debe modificarse "con escuela y con trabajo".
El cuplé ya añejo de Agarrate Catalina se sorprendía cuando en Uruguay se instalaba la discusión en torno a si la edad de imputabilidad tenía que abarcar a adolescentes de 16 años. El proyecto del elenco gobernante plantea hoy la misma discusión pero a partir del piso de los 14 años. Regresividad.
El diputado nacional del FIT, Nicolás Del Caño, expresó vía Twitter que "con la baja de la edad de imputabilidad el gobierno muestra que su política hacia la juventud es la cárcel". Y acompañó la afirmación con un decidido: "Mientras recorta en educación el gobierno busca bajar la edad de imputabilidad”.
Asimismo, el ex viceministro de Desarrollo Social y miembro del Frente Renovador, Daniel Arroyo también se expresó en contra y dijo que este tipo de iniciativas "no han dado resultado en los países en que se efectivizó". Luego agregó que en el país hay "1 millón y medio de jóvenes que no estudian ni trabajan" y "los institutos para menores funcionan mal". "El problema es que no tenemos un sistema integral", remarcó.
Por el lado de las organizaciones especializadas
Aunque en el mismo gobierno nacional hay grietas e interpretaciones encontradas. Garavano plantea la baja pero en una nota publicada hoy en Pagina/12 el periodista Horacio Cecchi narró que en abril de 2016, el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, conformado por los representantes del área de todas las provincias, se reunió en el marco de la presentación del Plan Nacional de Acción 2016 - 2019 y que en esa oportunidad la actual secretaria nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), Yael Bendel, declaró en nombre de todos los consejeros presentes que “la baja de la edad de imputabilidad no concuerda con los estándares internacionales y que no es la posición de la Secretaría”. Hoy la funcionaria ratificó la postura a través de su cuenta de twitter.
José Machain, referente del Foro Parlamentario de las infancias y del CONACAI dijo que el debate que plantea el gobierno es mentiroso “lo que nos debemos los argentinos es discutir en serio un régimen penal juvenil. Hoy sigue habiendo mucha discrecionalidad cuando un menor de edad queda bajo la tutela de la justicia. En ese marco un tema recurrente es la baja de edad de imputabilidad que en realidad se toma como el único tema cuando ni siquiera resuelve la situación. Es producto de la demagogia punitiva de la derecha, se montan sobre el dolor de la muerte de un niño e instalan una propuesta ya reiterada varias veces.
Esto no tiene sustento dado que no hay una epidemia de niños asesinos, solo el 1 por ciento de adolescentes cometen delitos graves. Esto está demostrado. Con lo cual no hay un tema tan gravoso, lo cual marca una pretensión de instalar un tipo de mirada que no hace más que estigmatizar a los niños y jóvenes.
Desde Tucumán el director del Instituto Roca Enrique Sansierra dijo que “Mi opinión personal es que depende de lo que se busque, de qué tipo de política pública se quiera aplicar desde el Estado. Si es por una cuestión de seguridad, bajar la edad de imputabilidad no es una solución. Y si lo que se pretende es un impacto social, menos aún”. Sansierra señaló que cada año al Instituto Roca ingresan cada entre 700 y 750 adolescentes enviados por el Juzgado de Menores. De ese número, entre el 15% y el 20% son reincidentes.
A su vez el secretario de Seguridad Ciudadana de Tucumán, Paul Hofer, en una entrevista en el diario La gaceta interpretó que la intención del Gobierno de bajar la edad de imputabilidad es una medida demagógica y contraproducente. Explicó que “hay que marcar una diferencia. Una cosa es la imputabilidad, que en Argentina es a partir de los 18 años, y otra es la culpabilidad, que es la responsabilidad penal por un hecho delictivo, que puede ser declarada desde los 16. Esto quiere decir que los chicos están a disposición de un juez, como corresponde”.
A su vez opinó que “hay estudios científicos realizados en Estados Unidos que dicen que el encierro antes de los 18 no contribuye a la seguridad pública. Por el contrario, aseguran que sólo se logra agravar el sentido de no pertenencia de los jóvenes. Por otro lado están los tratados internacionales a los que adhirió Argentina, que tienen rango constitucional. Estamos hablando de argumentos científicos y jurídicos que irían en contra de la iniciativa”, manifestó.
Hacia un Régimen Penal Juvenil con perspectiva de Derechos
Por último en un comunicado de la organización ANDHES de Tucumán del año 2013 que según sus integrantes tiene plena vigencia se señaló que "atento al debate público en torno a niñas y niños en conflicto con la ley, desde Andhes reafirman que es una obligación impostergable del Estado argentino reformar el Régimen Penal Juvenil vigente y adecuarlo a uno respetuoso de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Andhes manifiesta su absoluta oposición a enfoques que pretenden hacer derivar, como una consecuencia inevitable de la necesidad de reforma, la baja de la edad de imputabilidad”.
Desde la organización de derechos humanos con amplia trayectoria en el norte argentino sostuvieron que “en nuestro país conviven actualmente normas que reconocen a los niños como sujetos de derechos de conformidad con las disposiciones de la CDN, con un decreto de la última dictadura militar (22.278) que responde a una concepción claramente tutelar de la infancia y de control social de la infancia pobre”.
Florencia Vallino explicó que “dicho decreto permite dar un tratamiento igual al de los adultos a personas entre los 16 y los 18 años, en conflicto con la ley. Por otro lado permite, a discreción del juez, la imposición de las sanciones previstas en la normativa penal ordinaria”. O sea que en nuestro país, niños y niñas de menos de 16 años de edad no son punibles pero pueden ser privados de su libertad, o lo que es lo mismo, son inimputables pero son igualmente privados de su libertad, producto del margen de arbitrariedad y discrecionalidad de la normativa”, explicaron desde el área de niñez de la ONG.
Para finalizar ANDHES dejó asentado que “es preciso generar un debate constructivo alrededor del Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil que aliente a la reforma imprescindible e impostergable del sistema vigente y asegure el objetivo final de una justicia juvenil: la intervención socio-educativa con plena vigencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; mediante el cual el niño declarado culpable de haber infringido la ley sea tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad, fortalecido en su respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros, y en el que se tenga particularmente presente la centralidad de promover la reintegración del niño desde una función constructiva en la sociedad”.
Compartimos un artículo publicado Por COSECHA ROJA
Desde el Centro de Estudios en Política Criminal -CEPOC-, creado por los abogados María Laura Böhm, Claudia Cesaroni, Mariano D’Ambrosio y Mariano Gutiérrez, explican por qué no se debe bajar la edad mínima de responsabilidad penal.
1- Porque sería regresivo. En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos rige el principio de no regresividad y de progresividad: está prohibido regresar a instancias anteriores de la cobertura de un derecho, y sólo se puede avanzar en dicha cobertura. El Código Penal, sancionado en 1921, establecía la edad de punibilidad en 14 años. Durante el gobierno peronista, en 1954, se estableció en 16, en el marco de una política dirigida a la protección de la infancia (Ley 14.394). La Dictadura, en una de sus primeras medidas (Decreto Ley 21.338), derogó parcialmente esa norma, y fijó la edad de punibilidad en 14 años, decisión que mantuvo en el Régimen Penal de la Minoridad, creado en 1980 (Decreto Ley 22.278). En mayo de 1983, meses antes de la recuperación de la democracia, la edad de punibilidad volvió a establecerse en los 16 años. Regresar a la edad establecida por la Dictadura no parece una medida dirigida a la mejor protección de nuestros niños y adolescentes.
2- Porque el único objetivo es el castigo. El mandato constitucional establece que el sentido de la privación de la libertad no debe ser el castigo, sino la adecuada preparación para la vida en libertad. Sin embargo, cada vez que se discute un proyecto de estas características, se hace luego de que sucede un hecho grave que involucra a un adolescente de 14 años (caso Capristo, 2009), o en un contexto preelectoral (elecciones legislativas 2013), revela que el único objetivo es establecer políticas de castigo sobre esta población, violentando ese mandato, y confundiendo a las personas que creen que esta reforma le será aplicada al joven que cometió el delito, lo que es falso, porque las leyes penales no son retroactivas; o que con la baja de edad se resolverá algún problema de inseguridad.
3- Porque no es cierto que sea el único modo de brindar garantías a los adolescentes de 14 y 15 años. Decir que el único modo en que una persona acceda a las garantías constitucionales es introducirlo en el sistema penal es por lo menos una falacia. Las garantías las tenemos todas las personas de todas las edades, el problema es que muchas veces no se cumplen ni se respetan. Es responsabilidad de los jueces aplicar las leyes, y velar porque todas las garantías de todas y todos los ciudadanos, se cumplan conforme la ley.
4- Porque no se trata de sancionar más leyes sino de cumplir las que ya existen. La Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 26.061) tienen plena vigencia, así como todos los tratados internacionales de derechos humanos que establecen todos los derechos a los que son acreedores cada niño y cada niña que vive en nuestro país. Sin embargo, millones de ellos carece de condiciones básicas de existencia: no tienen cloacas ni agua potable, ni vivienda, ni educación y salud de calidad, ni viven en un ambiente sano, ni tienen acceso a oportunidades, actividades recreativas, vacaciones, futuro. Hay leyes que dicen que tienen derecho a todo esto, pero no hay jueces que las apliquen ni funcionarios que las ejecuten.
5- Porque la cantidad de adolescentes de 14 y 15 años que cometen delitos graves es ínfima. Diputados y diputadas, senadores y senadores deberían pensar si es justo sancionar una ley que, más allá de sus intenciones, será aplicada para el castigo, y que significará un retroceso en cuanto a las políticas dirigidas a la infancia, para atender, de modo punitivo, los hechos que cometen un puñado de adolescentes. Según una investigación realizada en 2007 por Unicef, la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y la Universidad Nacional de Tres de Febrero sobre un total de 1800 adolescentes menores de 18 años privados de libertad por causas penales en el país, un 17 % son no punibles, es decir menores de 16 años: unos 300 adolescentes. Cuando se analizan los delitos que se les imputan a aquellos 1800 adolescentes privados de libertad, los datos indican que un 15% está imputado de homicidio (incluyendo la tentativa de homicidio, es decir, los casos en que no se produjo el resultado muerte): 270 casos. Si aplicáramos la proporción entre punibles y no punibles, tendríamos que, de esos 270 casos, solo 46 (el 17 % de 270) corresponderían a adolescentes de entre 14 y 15 años. Pero esa cifra es más baja aún si tomamos la cifra del total de homicidios dolosos que se cometen al año en nuestro país: unos 2000. De esa cantidad, en unos 200 participan menores de 18 años. Y de esos 200, según declaraciones del director regional de Unicef para América Latina y el Caribe, Nils Kastberg, en sólo 15 casos participan menores de 16 años . Ese análisis no supone quitar importancia a una sola muerte violenta producida por la intervención de un adolescente, pero una decisión de política criminal de la gravedad de la que se intenta, debe analizar a qué población está destinada, con qué objetivos, y a qué costos, antes de tomarse.
6- Porque si el Estado no es capaz de controlar las instituciones de encierro, mucho menos podrá controlar las que piensa crear. Todos los días hay noticias acerca de muertes en lugares de encierro (76 por causas violentas y/o dudosas durante 2008, según los registros del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos). La Argentina ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en noviembre de 2004, y el 28 de noviembre de 2012 se sancionó la ley de creación del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura (Ley 26.827) pero aún no implementa los mecanismos de visita a los lugares de detención para prevenir los abusos, los malos tratos y la tortura.
7- Porque el sistema penal es discriminatorio, selectivo y estigmatizante. Es decir: no persigue a todos por igual, sino a los más pobres, los más vulnerables, los que menos “esfuerzo” tienen que hacer para caer en sus redes. Y cuando los captura, los separa del resto de la sociedad, los etiqueta y los marca. Nadie que pase por una institución del sistema penal sale sin huellas, a veces en el cuerpo, casi siempre en su psiquis. Y las huellas son más profundas y dolorosas cuando se provocan en niños y adolescentes.
8- Porque los pibes son el eslabón más débil de los grupos delictivos y las empresas criminales. Casi siempre que un adolescente está inmerso en una situación violenta, es porque alguien con más edad y con más poder, lo ha utilizado. Un niño de 14 años difícilmente robe un auto para cometer otros delitos. Lo más seguro y lo que indican todas las investigaciones es que recibe un arma y una paga miserable por conseguir ese auto que luego irá a un desarmadero, para que muchos de los que reclaman la baja en la edad de la punibilidad compren más baratos los respuestos para sus autos.
9- Porque las penas previstas no son intocables. Se utiliza como un argumento a favor de la baja de edad de punibilidad, que se fijarán penas bajas. Pero, ya sabemos que frente a un hecho grave, la primera reacción es aumentar los montos de pena: basta que suceda algún hecho trágico, o lo suficientemente difundido por los medios, para que se dupliquen, o tripliquen, frente a un próximo clamor popular. Del mismo modo que sucedió con la presión del ex ingeniero Blumberg, en 2004, en que los máximos de pena aplicable a ciertos delitos subieron a los cincuenta años, obviamente sin ningún efecto en cuanto a la disminución de esos delitos.
10- Porque van a meter presos a las principales víctimas del neoliberalismo que la sociedad votó y aceptó durante una década. Los adultos tenemos la obligación de hacernos cargo de nuestras decisiones, no solo de las que tomamos individualmente, sino de lo que avalamos, aceptamos o consentimos como sociedad. Y ser consecuentes con lo mejor de nuestra historia, con la decisión, que alguna vez tomamos, de que los únicos privilegiados sean los niños.
