Organizaciones de Tucumán unidas por el “No a la Baja” de edad de imputabilidad
Integrantes de organizaciones sociales tucumanas que trabajan en promoción de derechos de la infancia se reunieron el miércoles para debatir sobre la propuesta del gobierno nacional de reforma del régimen penal juvenil y la baja de edad de imputabilidad.
Convocadas por ANDHES, se encontraron los centros comunitarios 8 de marzo de las Talitas, Carballito, Mate Cocido, la Agencia ANITA, la Garganta Poderosa, de Yerba Buena, Dibujando Sonrisas, Domingos de rayuela, y el Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Filosofía y Letras UNT.
La clave está en las Políticas de Inclusión
El eje de la discusión entre referentes comunitarios fue la necesidad de tener un proyecto propio que debata con el oficial en tanto las organizaciones coinciden en la importancia de no retroceder en los avances en derechos humanos que representa el hecho de que hoy en nuestro país los menores de 16 años no son imputables en cuanto a delitos.
Basados en la Convención Internacional sobre los derechos del niño, la Ley Nacional 26061 de Protección Integral de Derechos de la Infancia, la homónima Ley provincial 8293, las instituciones defendieron la necesidad de que que el debate sobre los adolescentes que infringen la ley gire en torno a la vulneración histórica de sus derechos, en la desarticulación de algunas políticas públicas que no garantizan el acceso a esos derechos, y el desafío de medidas alternativas a la privación de la libertad y otros castigos. Se puso énfasis en la necesidad de implementar políticas públicas con el foco puesto en la prevención, la articulación familiar y comunitaria, y la protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, con el presupuesto adecuado.
Enfrentar con buenos argumentos el relato de los medios
Durante el encuentro se planteó la importancia de conformar una amplia mesa de diálogo sobre la temática para enfrentar el relato mediático y de sentido común que legitima las opciones facilistas que proponen privar de libertad a niños y adolescentes a partir de los 14 años. Los presentes articulan desde hace tiempo un espacio llamado Red de Jóvenes, en el que adolescentes y adultos debaten en asambleas paralelas y realizan proyectos de promoción de derechos de las infancias.
Los presentes propusieron realizar una fuerte y sostenida campaña para disputar el sentido que se intenta trabajar desde algunos sectores de la opinión pública en cuanto a la participación de los niños y adolescentes en delitos violentos, dado que existen estudios que sostienen que la proporción de menores involucrados en estos delitos es ínfima y que sin embargo los casos son amplificados por medios de comunicación y discursos políticos que pretenden endurecer los regímenes penales.
Para que prevalezca el discurso basado en los derechos
La política económica de ajuste, privatización, inflación y creciente desempleo también fue parte del contexto analizado por los referentes. Y si bien reconocieron que a nivel provincial las autoridades están en sintonía con la consigna de “No a la baja de edad de imputabilidad”, existe una preocupación por la debilidad de la articulación de políticas socioeducativas y de protección que incluso la década pasada, con avances, no logró consolidar.
Las organizaciones populares presentes plantearon también la importancia de mostrar que los niños de 14 años son precisamente niños, que en muchos casos no han podido ejercer su derecho al juego, a la recreación, educación, salud, y que algunos tienen que trabajar para producir ingresos o son víctimas de organizaciones delictivas.
La problemática del consumo de sustancias psicoactivas también fue abordada en la reunión, teniendo en cuenta que en algunos de los barrios donde las organizaciones realizan sus actividades, el consumo de drogas desde edades tempranas es fuente de estigma por parte de amplios sectores sociales.
La violencia institucional, en particular por las fuerzas policiales, pero también por el sistema educativo, de salud y de Justicia fue puesta en escena como una problemática urgente que debería ser preocupación y centro de las políticas públicas, antes que la baja de edad de imputabilidad que potencialmente podría implicar la privación de libertad de niños. De acuerdo con los participantes de la reunión, la privación de libertad no ha demostrado ser una herramienta de inclusión, resocialización ni aprendizaje para los jóvenes.
Con la confianza puesta en la política
Las organizaciones participantes conocen los antecedentes y reclamos que el Estados Argentino ha recibido por parte de organismos internacionales de derechos humanos por encarcelar e incluso torturar a niños y adolescentes, y se plantearon la necesidad de mantener reuniones con autoridades provinciales para evitar el retroceso en materia de derechos de las infancias. En ese marco, pretenden ser incluidas en el Consejo provincial de Niñez, recientemente conformado, de acuerdo con la ley, y participar de un diálogo fluido con autoridades competentes en las políticas públicas de infancia.
El próximo miércoles 25 de enero se realizará la siguiente reunión en la sede de ANDHES, para profundizar el debate y avanzar en la campaña pública por el NO a la Baja, que articula a su vez con la campaña nacional Argentina No Baja.
