Un protocolo para mejorar la protección de niños y adolescentes en Tucumán
Autoridades de los Poderes Ejecutivo y Judicial tucumanos presentaron un protocolo Interinstitucional de aplicación del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. El documento, lanzado en el salón de actos de la Corte Suprema provincial, fue construido tras más de un año de trabajo y se presenta como una guía para la práctica administrativa y jurídica en la garantía de derechos de las infancias, de acuerdo con los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Ley de protección integral 26.061.
La vocal de la Corte Claudia Sbdar, el Ministro de Desarrollo Social Gabriel Yedlin y el representante de UNICEF Hernán Monath hicieron alusión en la presentación a la importancia estratégica de trabajo articulado, más fácil de enunciar que de hacer, según sus propios dichos, y luego la jueza de Familia Claudia López explicó el proceso de construcción del protocolo y su implicancia concreta.
López destacó el proceso de construcción del protocolo como una muestra de lo que puede potenciar el trabajo articulado, y expresó que los objetivos del documento son “Generar estrategias que garanticen la efectiva protección de los derechos, procurar la coordinación interinstitucional, agilizar los procesos administrativos y judiciales con pleno cumplimiento de las garantías procesales. Y maximizar el aprovechamiento de los informes profesionales psicológicos y sociales para evitar que se duplique la intervención de profesionales de las áreas administrativas y judiciales en un mismo caso.”
En este sentido, destacó la importancia de los lazos de cooperación y confianza entre instituciones y destacó que el protocolo establece claros roles para la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, organismo administrativo de aplicación de la Ley, en la prevención y restitución de derechos, así como de las Defensorías de menores, y los Juzgados de familia. En el trabajo se grafican circuitos de abordaje que incluyen coordinaciones específicas ante casos de vulneración de derechos para evitar la judicialización innecesaria de situaciones sociales, más propias del paradigma del patronato que de la protección integral de derechos.
El protocolo como herramienta
Entre las situaciones contempladas por el protocolo en el ámbito de competencia administrativa, se establece la posible violación o vulneración de derechos, la falta de establecimiento de filiación de Niños con sus padres, y las situaciones de duda sobre el ejercicio de la maternidad. Y se propone la articulación de organismos de los Poderes Ejecutivo y Judicial, Defensoría del pueblo y organizaciones no gubernamentales.
Asimismo se definen “medidas excepcionales”, definidas como “una medida de protección que consiste en separar al NNyA de su medio familiar por el lapso de tiempo más breve posible, hasta un máximo de 180 días, quedando el NNyAal cuidado de un familiar, de un referente afectivo o en un dispositivo de cuidado institucional.” También se definen acciones judiciales para casos de delitos como sustracción de identidad.
Finalmente se ofrece en el protooclo, en tanto herramienta de trabajo para los opradores del sistema, un anexo con un modelo de Entrevista interdisciplinaria para situaciones de negativa y/o duda para la asunción del ejercicio de la maternidad, un segundo anexo sobre la intervención del profesional Psicólogo/a del gabinete psicosocial en el fuero de familia. En tercer término un anexo propone el rol del trabajador social del poder judicial y un cuarto apartado ofrece los Principios básicos para la escucha de Niños, niñas y adolescentes.
Sostén institucional y políticas de Estado
La jueza de la Corte Claudia Sbdar destacó como antecedente el protocolo de actuación sobre abuso sexual infantil que “ha sido de altísimo valor para el Poder Judicial. Esta corte está convencida de la independencia del poder judicial , pero esto no significa que en la atención de las personas que golpean las puertas del Poder Judicial y se encuentran en situación de vulnerabilidad social no debamos trabajar con las otras áreas del Estado, en particular con los ministerios de Desarrollo Social, Educación, Salud, y el área de Seguridad, en nuestro compromiso para que las decisiones del Poder Judicial se cumplan en el tiempo oportuno”.
Gabriel Yedlin, Ministro de Desarrollo Social, por su parte, destacó que “la gente tiene necesidades. El Estado es el que se fragmenta. Cuando la gente tiene dificultades lo que quiere es que el Estado la cuide. Es problema nuestro cómo lo hacemos. Creo que parte de lo que estamos haciendo en articulación es este camino de trabajar juntos para que lleguemos antes. Que podamos cuidar de manera más eficaz en la medida que podamos estar comunicados de una manera más integrada. Y demostrar que queremos un Estado fuerte, articulado, protector y que garantice derechos”
A su turno Hernán Monath, de UNICEF, sostuvo que “Nos genera entusiasmo que en Tucumán haya un diálogo que haya redundado en este protocolo”. Y agregó: “Las políticas de protección de la infancia pueden ser leídas a lo largo de la historia reciente como un diálogo, más o menos fluido entre poderes del estado. Al principio del siglo XX ligado a la caridad, luego un modelo de patronato, y luego a partir de la sanción de la Convención sobre los Derechos del Niño empieza un nuevo paradigma de protección integral que implica este tipo de articulaciones entre poderes”.
El especialista señaló que si bien el trabajo conjunto ss un mandato para los países, la Convención “no dice cómo lograr esa articulación entre poderes y la satisfacción de derechos. La ley nacional establece que para el Estado debe ser prioridad, pero tampoco establece la forma de llevar adelante las políticas. Por eso este protocolo s una herramienta valiosa. No empieza ahora, recupera la historia de articulación, pero seguramente va a permitir generar una política de Estado que acorte los tiempos de las intervenciones y mejore su calidad”.
En cuanto al trabajo coordinado entre UNICEF y el gobierno provincial, Monarth señaló al menos tres líneas y desafíos: “Nos proponemos acompañar para que este protocolo pueda funcionar, ser apropiado por los actores que todos los días trabajan con la infancia. Estamos trabajando en apoyar la descentralización de los servicios de atención en la provincia, también estamos en un convenio para lograr la especialidad sobre responsabilidad penal juvenil, y una tercera línea ligada a reducir la institucionalización de niños”.
