En Tucumán los precios de los alimentos empujan a los niños a la pobreza
Hoy se presentará oficialmente un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) que indica que la pobreza estructural afecta a 7,6 millones de niños y adolescentes en Argentina. La imagen matemática del drama señala que seis de cada diez chicas y chicos de hasta 17 años viven en situación de pobreza estructural, según el informe del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia que tomó en cuenta un indicador multidimensional de derechos, entre los que se destacan las vulnerabilidades que los niños sufren en las condiciones de vivienda, la alimentación, la atención en salud, el saneamiento, el acceso a la información y la educación. En uno, algunos o en todos estos indicadores, los chicos argentinos encuentran obstáculos para desarrollar una vida digna.
Gabriela González es abogada, licenciada en trabajo social y actualmente se desempeña como docente de la UNT. Fue Secretaria de Estado de Articulación Territorial y Desarrollo Local del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia en el período 2007-2015.
Consultada por ANITA sobre cómo entender desde Tucumán los alarmantes números del estudio, González advirtió que “Tratándose de una medición multidimensional resultan muy arriesgadas las comparaciones. Sorprende el dato ya que UNICEF publicó un informe de pobreza multidimensional para la infancia teniendo en cuenta diez dimensiones (nutrición, salud, educación, información, saneamiento, vivienda, ambiente, protección contra la violencia, protección contra el trabajo infantil, juego e interacción social) y utilizando datos del 2012 y del 2015 llega a la siguiente conclusión: “Entre el 25 y el 32% de las niñas y los niños en la Argentina es multidimensionalmente pobre tanto utilizando datos de 2012 como de 2015”(www.unicef.org/argentina/spanish/monitoreo_Pobreza_RE_web.pdf), por lo tanto, habría que conocer un poco más cómo se realizaron las mediciones de la UCA, ya que la que UNICEF presenta es una medición exigente, que toma en cuenta un conjunto de derechos que van más allá de la situación económica”.
Partamos de considerar que los cambios progresivos e inclusivos que pudieron mejorar los indicadores que afectan la vida de los niños y niñas “fueron posibles en un contexto de crecimiento económico sostenido y mayores posibilidades de empleo. En contextos inflacionarios y de disminución del empleo como el actual, las familias sufren presiones extra que obviamente repercuten integralmente en los niños y niñas”, definió González para ponerle marco a la problemática.
Luego, la docente señaló como gravitantes algunos aspectos de la actual propuesta económica del gobierno nacional: “el aumento acelerado de los precios hace que se genere un impacto directo en la situación de la familia y los niños ya que obviamente se afectan la nutrición y probablemente entonces esto impacte en la salud y eventualmente en la educación. El aumento de la canasta básica alimentaria en la provincia es de un 27% desde enero de 2016 a enero de 2017 de acuerdo a datos de la Dirección de Estadística, y ese es un aspecto insoslayable al menos para una de las variables que necesitamos considerar”.
González se refirió a las estrategias locales para revertir este cuadro y elogió iniciativas provinciales tendientes a garantizar la seguridad alimentaria de la población más vulnerable: “el Gobierno de Tucumán ha mejorado y aumentado las prestaciones alimentarias; por ejemplo con la creación de nuevos espacios de comensalidad familiar asistida como son las cocinas comunitarias o con el aumento de raciones de almuerzo en escuelas en las que sólo se brindaba el desayuno. También se ha aumentado la distribución de módulos alimentarios a partir de la preocupación por sostener la ingesta de alimentos en las familias con mayor dificultad”.
Al mismo tiempo la docente y especialista en políticas sociales valoró el reclamo de la provincia de Tucumán por un aumento en la Asignación Universal por Hijo, “dado que sería fundamental para superar esta coyuntura inflacionaria que afecta a los que menos tienen”, pero lamentó que “los esfuerzos vuelvan a centrarse en garantizar alimentación cuando se trata de un factor que había desaparecido como demanda. De hecho en Tucumán durante los últimos años la pobreza estructural se había morigerado, según los datos que arroja el censo, y habían pasado de un 20,5% de hogares con al menos una NBI a un 13,3 % de hogares en 2010”.
Otro aspecto a destacar en las variables consideradas por el estudio de UNICEF (citado más arriba), partiendo de la consideración “de que se trata de un trabajo que es lento y tiene que ver también con pautas culturales, es que se ha avanzado mucho en cuestiones como la prevención de la Violencia y el Abuso Infantil, el acceso a la información (recordemos el programa CONECTAR IGUALDAD que distribuyó computadoras entre niños y niñas de las escuelas públicas), y otros programas que hoy continúan orientados a promover el derecho al juego y al esparcimiento como el programa Primeros Años que se desarrolla en Tucumán desde ya hace más de diez años”, enfatizó Gabriela González.
