Una mirada integral para abordar a la niñez en situación de calle en Tucumán
Un nuevo encuentro del Consejo Provincial de la Niñez se realizó esta semana en Tucumán con el fin de analizar la marcha de las políticas públicas vinculadas a niños y adolescentes (NNyA). En el espacio donde confluyen ministerios y organismos del sector se abordaron temas como Niños en conflicto con la ley, Embarazo Adolescente y el Consumo problemático de Sustancias, entre otros tópicos. Además se presentó un informe sobre Niñez en situación de calle en la provincia a cargo del ONAT (Observatorio de la Situación Social de la Niñez y la Adolescencia de Tucumán (ONAT), un proyecto de la Secretaría de Estado de Planeamiento de la Provincia que cuenta con el apoyo de UNICEF y colabora técnicamente con las áreas del sector público responsables de las políticas dirigidas a NNyA.
Josefina Doz Costa, socióloga (UBA), es miembro del ONAT y responsable de la línea de trabajo de diagnóstico y apoyo institucional en el abordaje de niños, niñas y adolescentes en situación de calle en Tucumán. Contó que desde el Observatorio “aportamos Diagnósticos y apoyo Institucional en el abordaje de grupos de NNyA especialmente vulnerables. Nuestro trabajo mejora el acceso a la información de diagnóstico y monitoreo; mejora la evaluación de los programas dirigidos a NNyA. A su vez incidimos en las prácticas y protocolos de acción a través de la coordinación intersectorial y colaboramos en la evaluación de impacto de las políticas públicas”. Pueden seguirnos en http://onat.tucuman.gov.ar/index.html.
La socióloga celebró la vigencia del Consejo coordinado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia a cargo de Sandra Tirado porque “la coordinación del trabajo intersectorial, que en este caso corresponde al órgano de aplicación de la Ley, tiene que ver con la necesidad de racionalizar esfuerzos, armonizar planes, proyectos, capacidades y recursos del Estado, como un todo, como garante de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que deben ser parte del diseño de estas políticas y públicas”.
¿Qué es el monitoreo de Niñez en situación de calle?
Doz Costa detalló que el informe sobre chicos en situación de calle “surgió a pedido de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (2014) cuando nos solicitaron la elaboración de diagnóstico institucional del trabajo que venía desarrollando la Dirección de Niñez en el abordaje de la población de niñas, niños y adolescentes en situación de calle”.
Fue el puntapié de inicio de un trabajo intersectorial dado que se trató de una aproximación y análisis a la mirada y las acciones de todos los sectores gubernamentales que abordan la misma problemática proyectos destinados a la misma población.
La especialista en políticas sociales explicó que “cuando nos referimos a niñez en situación de calle en Tucumán hablamos de una población heterogénea. Sus anclajes a la calle -más o menos cristalizados- están muy marcados por trayectorias personales y familiares; por otro lado, esas situaciones que llevan a chicos y chicas a la calle, son multi-determinadas o multicausales. Esto, en términos de política pública, significa que no basta con identificar un aspecto clave a “resolver” para avanzar en el objetivo de hacer cesar la situación de calle, sino que nos encontramos con realidades de múltiples vulneraciones de derechos yuxtapuestas y confluyentes. En ese sentido el problema demanda, definitivamente, un abordaje integrado y coordinado de diferentes sectores del estado provincial”.
El informe presentado en el seno del Consejo Provincial de Niñez contiene una serie de recomendaciones para trabajar, tanto a nivel interno (DNAyF) como intersectorialmente, con el fin de mejorar los abordajes destinados a la población atravesada por la situación de calle. En torno a esas recomendaciones, Doz Costa señaló que “venimos trabajando con el equipo del programa Amachay que lleva adelante la Dirección de Niñez. Hoy en el Consejo Provincial de Niñez, como espacio intersectorial por definición vinculado a la niñez, presentamos los principales desafíos en la atención del Estado a esta población, como garante de sus derechos. A nivel intersectorial, un primer paso fundamental tiene que ver con visibilizar, con poner en agenda, a la población de calle en tanto colectivo especialmente vulnerable. Acá se necesitan políticas de todos los organismos, no solo del Ministerio de Desarrollo Social. El segundo paso es flexibilizar los márgenes de actuación sectorial de cada una de las áreas gubernamentales y sentar las bases de una articulación de nivel operativo entre los mismos organismos para el trabajo con esta población. El objetivo es contar con diagnósticos integrales para desarrollar un abordaje articulado para cada caso”.
Amachay en Tucumán
Un problema particular con esta problemática es que la niñez en situación de calle es difícil de contabilizar, sistematizar y el aporte de datos para un registro que permita realizar comparaciones y estadísticas resulta dificultoso. Como afirma la socióloga tucumana “se trata de una población variable, móvil y muchas veces oculta. A nivel país, más allá de la información que registran y sistematizan los programas específicos, como Amachay en Tucumán, no es una población sobre la que el Estado genere información sistemática a través de censos, encuestas complementarias u otro tipo de herramientas”.
En nuestra provincia, Nancy Marin, la responsable del programa Amachay (SENAF) contó que el programa apunta a “detectar e intervenir en las situaciones de calle y permite implementar acciones de prevención, promoción y protección, fortaleciendo los vínculos familiares y las redes locales en las comunidades vulnerables. Lo que lleva a la situación de calle es la situación de pobreza estructural de los hogares. Por eso en la totalidad de los casos se evalúa la salida a la calle como una estrategia o alternativa en búsqueda de ingresos de dinero. Las familias que llegan a esta situación padecen falta de recursos (simbólicos, subjetivos y materiales) para construir e incluso imaginar otro tipo de estrategia vinculada a la percepción de ingresos para el hogar”.
En este mismo sentido, Josefina Doz Costa, referente de ONAT consignó que “casi la mitad de ellos salen en función de la percepción de ingresos económicos, mientras en otros casos se encuentran causales de violencia, abuso y maltrato (huida del hogar) o desamparo (sin cuidados parentales). Encontramos trayectorias muy débilmente vinculadas a instituciones educativas y de salud, con asistencia irregular, sobreedad e importantes niveles de abandono en el caso de la escuela, y con dificultades para la adherencia a controles y tratamientos médicos y/o psicológicos. En cuanto a las familias, alrededor de la mitad de la población proviene de familias monoparentales con mujeres a cargo, y en una importante proporción forma parte de la segunda generación de miembros de la familia con vida vinculada a la calle, encontrándonos con casos de hasta cuarta generación en situación de calle”.
Nancy Marín aportó que durante 2017 “en San Miguel de Tucumán Amachay trabajó con 57 legajos/casos/familias ya que los grupos de hermanos se encuentran unificados bajo un mismo legajo físico (el/la referente del legajo, es el menor del grupo de hermanos). Eso representa un total de 587 personas afectadas. El 75% (43 legajos) de estos ya se encontraban con una intervención activa al inicio del periodo 2016, el 21% (12 legajos) ingresaron durante este período y en este mismo lapso temporal egresaron de Amachay (por cierre o derivación) el 4% (2). Actualmente Amachay tiene activos 55 legajos/casos/familias”. La información se consignó a partir de los recorridos preventivos en zona céntrica, semáforos y recorridos nocturnos, construyendo los indicadores “aceptantes”, “desconocidos” y “fuera de incumbencia”.
Consultada sobre los datos que pueden ser útiles para el diseño de políticas públicas, Doz Costa señaló que “por un lado hay que considerar que la distribución por tramos de edad y sexo es equilibrada, entre mujeres y varones, tanto como niños y adolescentes. En todos los casos se ven expuestos a distintos factores de riesgos y derechos vulnerados en la calle. Algunos de estos niños, niñas y adolescentes pernoctan en la calle, de modo eventual, semipermanente o permanente”.
El abanico de derechos vulnerados y factores de riesgo al que se enfrentan niñas, niños y adolescentes en situación de calle es amplio, desde el derecho a la identidad, pasando por un nivel de vida adecuado, una vivienda digna y desarrollo integral; también el derecho a la educación y a la salud, incluida la integridad psíquica y emocional, el derecho a una vida sin violencia y el derecho a protecciones especiales frente al trabajo infantil, la trata, explotación y abuso sexual son deudas pendientes para con los chicos y chicas en situación de calle.
Josefina Doz Costa consideró que las políticas públicas con enfoque de derechos humanos que se proponen abordar la problemática Situación de Calle deben contar con el “aporte de distintos sectores del Estado, articulando y complementando el trabajo del programa Amachay. Eso es fundamental. Las políticas públicas deben priorizar la integralidad de los niños, como sujeto de derecho, contemplando sus derechos humanos desde un tratamiento sistémico (como unidad). Esto quiere decir, evitar la multiplicidad de abordajes, no coordinados, de distintos sectores del Estado con el mismo niño o familia, lo cual termina “fragmentando” a los niños en tantas partes como áreas gubernamentales se organiza el estado”.
El principal escollo que visibilizan los especialistas en programas estatales tiene que ver “con una lógica de Política Pública que es, además de re-victimizante, ineficiente en términos de la utilización de recursos del Estado porque multiplica intervenciones sectoriales, sobre la misma persona, que al no partir de un diagnóstico integral no impactan en un mismo sentido. Por otro lado hay que tender a la intersectorialidad, hablamos de problemáticas complejas o sea que están multi-determinadas. La solución no está en definir a qué sector le compete abordarla unilateralmente, sino que se requiere de la confluencia de acciones, capacidades, saberes, competencias e incumbencias de diferentes sectores y entidades públicas, que deben esforzarse por actuar articuladamente, torciendo y superando el paradigma sectorial de la competencia por áreas. Un tercer aspecto o requisito para que una política tenga más posibilidades de éxito es la intergubernamentalidad para el trabajo con niños, niñas y adolescentes en situación de calle, en tanto presentan una “doble territorialidad” su barrio y ámbito de origen, por un lado, y el circuito callejero que frecuentan, por el otro. La articulación entre los diferentes niveles de gobierno, en este caso provincial, municipal y comunitario, dada la importancia de alcanzar los recursos institucionales descentralizados en los ámbitos de pertenencia más próximos de los chicos, es fundamental”.
