Memoria, educación y política ¿no tienen nada que ver?
Desde que Santiago Maldonado, artesano y activista por los derechos humanos, desapareció en Chubut el 1 de agosto, numerosas campañas para exigir su aparición con vida inundaron las redes sociales. ¿Donde está Santiago Maldonado? es ya una frase difundida que plantea la urgencia de que el Estado nacional dé una respuesta. Testigos presenciales, videos y fotografías dan cuenta de que el joven participó de una protesta de la comunidad Mapuche Pu Lof Cushamen, en Chubut que fue reprimida por Gendarmería Nacional. Desde entonces, nada se sabe de Santiago.
La realidad en las aulas
La Confederación de Trabajadores de la Educación, CTERA, lanzó una campaña para apoyar la búsqueda del joven desaparecido del 30 de agosto al 6 de septiembre. Se propuso que los docentes en cada escuela trabajen con sus alumnos las implicancias de la desaparición forzada y se pida por su aparición con vida. Lo propio hicieron los gremios universitarios, que invitaron a docentes y alumnos se tomen fotografías con carteles o leyendas en pizarrones con la consigna de la campaña.
Inmediatamente comenzaron a circular por Internet consignas contrarias a esa campaña. Apareció un instructivo sobre qué hacer para boicotear la iniciativa:
“Si sos padre, madre, tutor o encargado y no querés que tu chico participe de las clases CON BAJADA DE LÍNEA, tenés que hacer lo siguiente: 1) Presentar una nota con copia que las autoridades del colegio deben firmar donde diga : "Yo (nombre y apellido y DNI) dejo constancia ante las autoridades de ( establecimiento) que no autorizo que mi hijo ( nombre y DNI) participe de ninguna actividad vinculada al caso Maldonado, por considerar que es una situación judicial en curso que no compete sea evaluada en el ámbito educativo por menores de edad". En caso de que los docentes no te den pelota, tenés derecho a tomar acciones legales contra el establecimiento. Y si querés, también lo podés aclarar en la nota.
2) 0800 444 2400 linea gratuita (CABA) para denunciar INTROMISIÓN POLÍTICA EN LAS ESCUELAS. No permitamos que las escuelas se conviertan en "unidades básicas".
Mientras tanto, en San Isidro, Buenos aires, intentaron sancionar a Victoria Mayoral, una docente y delegada del gremio Suteba, por dar una clase sobre el caso de Santiago Maldonado. La directora de la Escuela n.º 6 le hizo un acta a la docente. Desde Suteba Tigre decidieron difundir el hecho y advertir sobre la necesidad de tomar conciencia sobre el tema.
En la clase de Mayoral los estudiantes armaron afiches sobre el tema. Cuando la directora Miriam Giardino se enteró, interpeló a la profesora. "La acusó de proselitismo por escribir el nombre de Santiago y le ordenó bajar las producciones de los alumnos. Le hizo un acta solicitando que se fundamente los contenidos de la clase", explicaron en un comunicado los representantes de Suteba Tigre.
Desde Ctera se difundió un cuadernillo para trabajar el tema en las aulas en el Día Internacional del Detenido Desaparecido, e incluye un cuadernillo enviado por el gremio hacia los docentes sobre las actividades a desarrollar. Sobre esa campaña, el ministro de Educación de la Nación Alejandro Finocchiaro, afirmó que "el gremio CTERA no puede decidir lo que se da o no se da en la escuela. Y los docentes no están para decirles a los alumnos lo que tienen que pensar". Finocchiaro acusó al gremio de kirchnerista y Soledad Acuña, ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, tildó la propuesta como una iniciativa "extrema e irracional para mostrarse contrarios al Gobierno".
Aunque Acuña aclaró que los cuadernillos de Ctera “no cuentan con el aval del Ministerio” reconoció que los maestros pueden “mencionar el tema de Santiago como parte de la realidad”. Si bien no habló de sanciones, aclaró que los directivos de las escuelas están autorizados para “interpelar” a los docentes que realicen las actividades contempladas en el cuadernillo. "Confío en la racionalidad y el pensamiento crítico de todos los maestros de la Ciudad de Buenos Aires, quienes pueden hacer un análisis de contexto sin politizar en extremo a los chicos", agregó Acuña en declaraciones a radio El Mundo.
Diego Toscano, docente de nivel medio y universitario de Tucumán, expresó su opinión sobre este nuevo intento de demonización del involucramiento de los educadores con la realidad y la política: “No hay nada más político que intentar que no se hable de Santiago Maldonado o cualquier desaparecido en las escuelas. Es poner a la educación fuera de la realidad, en una burbuja. La politización y el adoctrinamiento hay que buscarlo ahí, donde algunos sectores intentan que la escuela no mire la propia realidad y lo que esta pasando alrededor de ella”.
Asimismo, a la luz del contexto específico del NOA, aportó que “Hay que tener presente un segundo elemento, que es que quienes quieren promueven esta campaña están de acuerdo con el adoctrinamiento religioso en las escuelas, como sucede en Salta y Tucumán donde hay religión en las escuelas públicas, o en Buenos Aires en el sector privado donde al menos un tercio de las escuelas son confesionales. Es claro que se trata de una reacción desesperada que busca poner un limite a la explosión social que trasciende todas las fronteras de sectores sociales y ha transformado en un tema único en los medios incluso los hegemónicos, cuando esos medios lo han ocultado y tratado de confundir a la opinión publica con esta campaña. De todos modos los docentes van a seguir hablando del tema, en muchos casos porque los propios estudiantes lo traen al aula”.
En la materia Semiótica, Toscano trabajó sobre el tema: “Tenía como idea trabajar el tema, pero justo apareció pintada en el pizarrón la consigna Aparición con vida de Santiago Maldonado, hecha en una clase anterior en el aula; trabajamos desde distintas perspectivas cómo puede ser analizada por el análisis semiótico, para poder comprender este significante, su procesos, y su utilización en el contexto actual. La campaña de docentes y estudiantes que se sacan fotos y mandan le da un nuevo grado de visibilización al problema”.
El negacionismo como política
Mientras la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich y el Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, insisten en negar la desaparición forzada de Maldonado, organismos internacionales como la CIDH han pedido al gobierno de Mauricio Macri que se involucre activamente en l investigación y esclarezca el paradero del joven de 29 años. Avruj insistió en que “no hay elementos que comprueben con veracidad que Gendarmería está involucrada en el hecho”. Y fue más allá: “No hay ninguna hipótesis clara de lo que ocurrió con Maldonado”.
Su interpretación de los hechos es que el joven de 28 desaparecido hace casi un mes “estuvo en la zona” donde se hizo la protesta, pero aún así "no hay nadie que pueda demostrar fehacientemente que estuvo en el corte de ruta (de la comunidad mapuche de Pul Lof de Cushamen) ni en la acción de despeje de Gendarmería”; es decir en la represión.
Aunque hasta la prensa internacional habla del caso, las autoridades del gobierno nacional además de negar el accionar represivo a su cargo, intentan justificar el “conflicto” al sostener que los mapuche son una comunidad extranjera (chilena) que “invade” territorio argentino.
El verdadero problema es la tierra
El periodista Martín Granovsky publicó una nota en el diario Página/12, en la que sitúa el verdadero conflicto que está tras la represión a las comunidades indígenas en la Patagonia Según el comunicador, “Un horizonte de desalojos comunitarios que dejaría chiquito el episodio de Esquel. Un infierno de operativos contra poblaciones indígenas en todo el país. Una victoria de la Gendarmería y las policías bravas de las provincias por sobre la negociación política y la paciencia. Ése podría ser el tono de este fin de año si el Congreso continúa dando signos de que busca prorrogar una ley de emergencia aprobada por primera vez en 2006”. La norma a la que se alude “promueve el relevamiento de los puntos de conflicto y suspende el desalojo de comunidades donde se agrupan las 955.032 personas que en el censo de 2010 se reconocieron a sí mismas como indígenas”.
La ley en cuestión es la 26.160 y según Granovsky, “interesa tanto a los pueblos originarios como a los propietarios de tierras con potencialidad para grandes emprendimientos turísticos, agrícolas o mineros. El primer artículo establece que se declara la emergencia “en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes”. Se prorrogó en el 2009 y luego en el 2013. Vence el 23 de noviembre próximo. De acuerdo con los datos oficiales, el tratamiento de la prórroga ya se cayó en la última reunión de la comisión de labor parlamentaria del Senado, que agrupa a los presidentes de los bloques.
Un tucumano en la primera línea contra las comunidades
El abogado tucumano Javier Esteban López de Zavalía firmó en la plataforma www.change.org una petición llamada “No prorroguen suspensión de desalojos de falsos indígenas”. Lo apoyan otras 1233 personas. Se define a sí mismo de esta manera: “Soy abogado, dedicado al derecho civil, enemigo de los privilegios injustificados, contrario a la discriminación positiva, que muchas veces genera nuevos privilegios”. Como dice Granovsky, discriminación positiva es, por ejemplo, establecer cuotas mínimas para el ingreso de discapacitados al Estado argentino, o para mujeres a las universidades norteamericanas, o para negros en los centros de estudio de Brasil (o la inclusión laboral para la colectividad trans como se discute actualmente en Tucumán).
En el artículo que mencionamos se consigna que según los peticionantes la ley no debe ser prorrogada, entre otras razones, por las que siguen:
“Permitió que grupos de oportunistas, que previa o simultáneamente se habían proclamado indígenas (...) usurparan terrenos de particulares, reclamando luego protección de la ley 26.160”.
“Se ha socavado hasta lo indecible la garantía de la propiedad privada establecida constitucionalmente, con una inconstitucional ley que establece privilegios de sangre o nacionalidad incompatibles con las garantías y derechos establecidos en el núcleo duro y primigenio de la Constitución Nacional, en los artículos 16 y 17”.
“Se ha fomentado y financiado el surgimiento de grupos separatistas, que realizan acciones violentas de usurpaciones, quemas de viviendas y otros daños, privación de la libertad, cortes de rutas, hurtos de ganado, amenazas de muerte, y que reclaman territorios e independencia para resucitadas o inventadas ‘nacionalidades’, como ocurre con la ‘Nación Mapuche’ y R.A.M. en el sur del territorio argentino, o bien ‘Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita’, como ocurre en el norte del territorio argentino”.
“Y todo esto con el aval y el financiamiento de ONG extranjeras, por no suponer, directamente, de potencias extranjeras, que buscan fraccionar nuestro territorio”.
RAM es la sigla de Resistencia Ancestral Mapuche, un grupo radicalizado que a pesar de ser pequeño y de baja representatividad entre los pueblos originarios fue magnificado por el Gobierno nacional. Exagerar el poder de daño de RAM es una de las especialidades de un animador de televisión que todos los domingos desde Canal 13 se dedica a vulnerar a sectores ya vulnerados como chicos de Lanús o miembros de pueblos indígenas. Como los kurdos, una minoría étnica que se distribuye entre Irán, Irak, Turquía y Siria y dispone de milicias armadas, los mapuches de Chile y la Argentina tendrían de vanguardia armada a RAM y sus lanzadores de casco
En esta línea argumental, ideada por el Gobierno Nacional para profundizar la entrega de territorio nacional a capitales extranjeros, Jorge Lanata entrevistó a Facundo Jones Huala, dirigente mapuche preso, y se dedicó a poner bajo un manto de sospecha a las comunidades que defienden su derecho a la tierra.
Mientras tanto, en cientos de aulas argentinas los pizarrones siguen preguntando ¿Dónde está Santiago Maldonado?
