Marcharon por Chocobar, el comunero asesinado el Día de la diversidad cultural
Se realizó en Tucumán una marcha para exigir celeridad en la causa judicial que ivestiga la muerte del Caccique Javier Chocobar, asesinado el 12 de Octubre de 2009, cuando se conmemoraba un nuevo aniversario del ex “Día de la raza” y actualmente, por Decreto presidencial de Cristina Fernández de Kirchner “Día del Respeto a la Diversidad cultural. Chocobar era en ese momento el Cacique de la Comunidad de Chuschagasta, perteneciente a la Comunidad Diaguita, emplazada en el Departamento de Trancas, aproximadamente a 90 kilómetros de San Miguel de Tucumán.
Organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos se movilizaron para sensibilizar sobre la lentitud de la causa judicial y la urgencia de que se respete la posesión de las tierras de las comunidades indígenas. “Cada vez hay más organizaciones que se suman a esta lucha contra la impunidad de este caso” agrega Belén Leguizamón, abogada querellante en la causa.
En cuanto a los hechos, leguizamón, relató que “Ese día, la comunidad se encontraba en su territorio, cuando se presentaron tres personas, uno de ellos, Darío Amín, perteneciente a una familia terrateniente, es decir, que se adjudican la propiedad de esas tierras aunque nunca vivieron allí, y buscaban poder sobre las tierras para la explotación económica de una cantera de lajas que se encuentran en el lugar”.
Según la letrada, Amín fue acompañado por dos ex policías, Luis Humberto Gómez y José Eduardo Valdivieso, que se encontraban fuertemente armados. Se trasladaban en una camioneta, y cuando llegaron enfrentaron a la Comunidad que se encontraba en Asamblea; los recién llegados atacaron, atribuyéndose la propiedad de las tierras, y comenzaron a disparar arbitrariamente: “La Comunidad resistió pacíficamente, y como resultado de la balacera, fue herido de muerte Javier Chocobar y tres comuneros más, entre los que se encontraba Andrés Mamaní, actual Cacique de la Comunidad, quien estuvo grave durante 4 meses”, continúa el relato Leguizamón.
A partir de este hecho se inició una demanda judicial en la Sala IV de la Cámara Penal, que aún no tiene fecha de juicio oral y público: “La investigación penal se divide en dos etapas: la escrita (la investigación) y la oral. La investigación ya finalizó con una sentencia de pedido de elevación a juicio contra los imputados. A pesar de eso no hay una fecha exacta de realización del Juicio, lo que genera un grado de impunidad y falta de respuesta hacia las víctimas y hacia la comunidad sobre este caso”, continúa la letrada.
Los delitos con los que se deben sentar en el banquillo de los acusados Amín, Gómez y Valdivieso son los de homicidio calificado en contra de Chocobar, y homicidio en grado de tentativa de Andrés y Emilio Mamaní, con el agregado del delito de portación ilegal de armas. La Sentencia buscada por la familia de Chocobar es la prisión perpetua, que es la condena para este tipo de casos. Actualmente los imputados se encuentran en libertad.
“Lo que sí se logró con todas las manifestaciones de la comunidad y de las Organizaciones que acompañamos esta causa, es la llegada de una notificación a los abogados que representamos en este caso, sobre el ofrecimiento de pruebas, para que antes del Juicio, las pruebas que ofrezcamos sean expuestas durante el debate oral”, añade satisfecha la abogada. El ofrecimiento de pruebas tiene la extensión de 6 días hábiles para ser incluidas durante el debate oral y público. “Estamos contentos porque esta marcha tuvo un buen impacto, era lo que estábamos esperando para empezar a tener respuestas por parte del Poder Judicial”, sentencia Leguizamón.
El caso de Javier Chocobar, es un reflejo de la situación actual de las comunidades indígenas de Tucumán y del país. “Las comunidades indígenas históricamente han sido avasallados en sus derechos, especialmente en sus derechos a la Identidad, a la Cultura y al territorio”, Subraya Belén. También el caso Chocobar es una clara referencia a la violencia hacia las comunidades por personas que pretenden explotar los recursos naturales dentro de los territorios ancestrales sin ningún tipo de autorización. “Generalmente ingresan con esa violencia e impunidad, que se va reforzando con el transcurso de los años, porque estas faltas de respuestas por parte del poder judicial, también da un mensaje de no resolución, de no condena, que hace que estas personas sigan yendo de esa manera, por no haber una condena ejemplar”.
“También pone en evidencia el incumplimiento por parte tanto del gobierno provincial y nacional, de los derechos de los pueblos originarios. El Estado se comprometió, con Jerarquía Constitucional, a cumplir con sus derechos y no lo está haciendo. Si el Estado hubiera cumplido, en por ejemplo titular los territorios de las comunidades indígenas, como ordena la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales que las protegen y que tienen jerarquía constitucional, si de alguna manera se hubiera cumplido con eso, no hubiéramos tenido un Javier Chocobar asesinado. Y esta falta de cumplimiento por parte del Poder Judicial también da lugar a esta impunidad e inseguridad jurídica que está viviendo la Comunidad permanentemente” analiza críticamente Belén.
Los territorios para las comunidades originarias son muy importantes porque es lugar donde despliegan su vida y su cultura. “Tenemos mucha esperanza, confianza y fuerza para seguir apostando hasta conseguir una fecha de debate, que es muy probable que el año que viene sea posible el Juicio, y ahí estaremos todas las organizaciones acompañando este proceso” finalizó la letrada.
La lucha de los pueblos originarios ha sido muy dura. Vivieron una situación de vulneración y de invisibilización histórica, es más el Estado Nacional se constituyó por encima del Genocidio de la Cultura de los Pueblos Originarios, usando su poder y políticas para hacer desaparecer la Cultura Aborigen, no sólo de sus territorios, sino también su Cultura e Identidad “Un claro ejemplo es la Educación: En la Escuela nos enseñan que los Pueblos Originarios no existen, que son parte del pasado y no de un presente” complementa Belén.
A pesar de todo, los Pueblos Originarios siguen existiendo, siguen luchando desde más de 500 años. La mayoría de las leyes que se encuentran en la Constitución Nacional son producto de sus luchas.
