Agustina Lloret: "El caso de Iván y Eze demuestra la importancia que tiene escuchar a los pibes

Seis prefectos recibieron penas de ocho a diez años y medio de prisión por torturar y realizar simulacros de fusilamiento a dos jóvenes de la Villa 21-24 de Barracas en Ciudad de Buenos Aires. Es la primera condena a miembros de fuerzas de seguridad por delitos represivos cometidos en el gobierno de Cambiemos. Iván y Ezequiel se convirtieron en héroes de una batalla judicial que supieron ganar en buena ley, porque terminó con condenas de 10 años y seis meses y de 8 años y once meses de prisión para los seis prefectos que en septiembre de 2016 los sometieron a torturas, humillaciones y simulacros de fusilamiento en la villa 21-24 de Barracas.

Entrevistamos a Agustina Lloret Brava, abogada querellante del Centro del Estudios Legales y Sociales, quien calificó la sentencia como “un fallo histórico” porque el accionar represivo fue calificado como “torturas, tal como corresponde”.

¿Cómo fue lo que tuvieron que vivir Iván y Ezequiel y de qué se trató la defensa que llevaron a cabo?

El caso Iván – Ezequiel pasó hace dos años, un 25 de septiembre, esto ocurrió en la noche y se extendió a la madrugada, ellos iban caminando por los pasillos de la villa 21-24, uno de ellos venía de jugar al fútbol y el otro iba a la casa de un amigo, se encuentran en esa zona porque son vecinos de toda la vida y en ese contexto la policía federal, un pequeño grupo de tres policías de la federal, los interceptan, los retienen, los requisan y encuentran que no tenían nada encima.

Esa intervención se debía a un supuesto hecho que habían sufrido agentes de prefectura instantes atrás. La prefectura había tenido una situación con varios chicos que aparentaban ser mayores de edad y en función de ese antecedente todas las fuerzas de patrulla de la villa empezaron a buscar potenciales implicados, en ese contexto se cruzan con Iván y Ezequiel, los frenan los requisan, comprueban que no tenían nada, ni cuchillos ni armas, nada que fuera constitutivo de delito, pero de todas maneras le avisan a la prefectura que se acerca hasta ese punto y cuando llega empieza lo que es este episodio. Los golpean, los amenazan, los humillan, los maltratan, los discriminan. Los suben a móviles por separado, móviles de Prefectura. En una garita de seguridad de Prefectura a Ezequiel lo bajan del móvil lo meten a un baño químico y le pegan de a turno, entre muchos prefectos, todos lo que ahora están condenados (6). Luego lo vuelven a subir a un móvil y ahí se retiran a la zona del Riachuelo, allí dos dotaciones móviles de prefecturas que también habían estado en la garita y en el primer punto de detención se quedaron con ellos por 40 minutos sometiéndolos a las más graves torturas que uno se puede imaginar, les sacaron su ropa, les robaron, los humillaron, les pegaron patadas, les hacían hacer sentadillas mientras estaban encima, los hicieron cantar, hasta hubo un simulacro de fusilamiento.

¿Cuantos años tenían los jóvenes en ese momento?

Ezequiel tenía 15 años en ese momento e Ivan tenía 18 recién cumplidos, o sea que eran dos menores de edad.

¿Cuál te parece que pudo haber sido el objetivo de someter a tortura a dos pibes que claramente, una vez que lo interrogas te das cuenta que no tienen nada que ver con el caso que estaban buscando?, ¿Para qué le sirve hacer esto a la policía?

Entiendo que le sirve para desquitarse, realmente este caso tuvo en algún punto una cuota de perversión bastante grande, porque no tiene otra explicación, ellos no estaban implicados en nada, y si hubieran estado, en todo caso le tuvieron que haber iniciado una causa, detenerlos y que todo siga su cauce legal. Primero que no eran ellos las personas a las que estaban buscando, eso quedo claro, inclusive por modulaciones de Prefectura, que nosotros presentamos por alegato donde pudimos reconstruir un poco cómo fue el circuito. Ellos efectivamente no habían estado implicados en algún tipo de hecho delictivo con anterioridad, no solo no lo estaban sino que además si lo hubieran estado tampoco se justificaba lo que les hicieron.

La motivación es algo que no te puedo explicar porque la tendrían que explicar ellos en realidad, ellos en sus indagatorias hablaron de que cometieron un error, quisieron instalar esa idea de correctivo, por supuesto que en sus indagatorias tardías, no los llamaron a declarar durante toda las causas y cuando terminó de producirse la prueba de juicio y vieron que era inminente una condena, armaron una versión propia de los hechos, descartada evidentemente.

La pregunta iba dirigida a pensar la posibilidad de deducir cuales son estos factores que terminan enfermando a esta fuerza, ¿podemos llegar a pensar algún modo de abordaje sobre las fuerzas para que cumplan otro rol que no sea estar permanentemente limpiando a la sociedad de pobres, de gente vulnerable y de personas débiles?

Este hecho no es un hecho aislado, lamentablemente pasan todos los días, lo que no suele conocerse porque los pibes no suelen denunciar, tienen miedo. La villa 21 y 24 está casi militarizada, está básicamente sitiada por la Prefectura Naval. Eso genera un dominio territorial bastante fuerte, y después esta otro factor que es la impunidad. Como no se denuncia, no se investiga, no llega a nada pero también actúan bajo ese manto de impunidad donde hacen lo que quieren con los cuerpos de los pibes y también con sus psiquis. Porque también hay una fuerte carga de violencia psicológica que tal vez no llegan a este tipo de casos que ya son extremos, pero sí a permanentes maltratos más cotidianos que de alguna manera implican esa marca territorial. Por ejemplo mirarlos mal, verduguearlos, chocarlos con sus cuerpos para que salgan del medio. Es muy fuerte la presencia de Prefectura en los barrios vulnerables y yo creo que el miedo que tienen los pibes y sus familias en denunciar a fuerzas de seguridad tiene que ver con esa presencia permanente. Porque viven en sus mismos barrios y en definitiva salís a la puerta de tu casa y la misma persona que denunciaste y sus compañeros de trabajo están ahí. Es también lo que permite que los efectivos policiales en este caso los de Prefectura continúen ejercitando este tipo de prácticas, hasta que alguien se anima a denunciar y rompe con ese círculo. Lo que pasó esta vez con la justicia es importante y hay que ver qué impacto va a tener esta sentencia por lo menos a corto y mediano plazo.

¿Es muy importante la participación de organizaciones con mucha capacidad de visibilización como La Poderosa?

El rol de La Poderosa en este caso fue muy importante porque pudo darle visibilidad desde el primer minuto, pero también porque pudo darle un acompañamiento territorial y barrial a los pibes y a su familia. Los procesos judiciales en general llevan mucho tiempo, este caso es excepcional, porque que estemos cumpliendo los dos años del aniversario del episodio con una sentencia condenatoria es una vez en un millón. Fue fundamental y decisiva la visibilización y el acompañamiento que hizo La Poderosa sosteniendo los núcleos familiares, viviendo en el mismo territorio con la fuerza denunciada durante todo el trámite judicial. Porque son muchas etapas, primero está la instancia de hacer la denuncia, luego de que avance la investigación, después que los procesen, y después recién la instancia en la que se va a juicio.

Durante el juicio hubo hechos bastante violentos en relación a la familia pero además en relación al barrio, en la villa 21 y 24 se respira eso constantemente porque hay una saturación de efectivos de Prefectura quienes tienen muy instalada estas prácticas de destrato, de maltrato cotidiano porque si, sin ninguna razón. Han hecho sus despliegues durante el juicio sin siquiera estar atentos a que tenían 6 colegas de la fuerza detenidos hacía dos años y en pleno juicio.

Por ejemplo a Ezequiel lo amenazaron un día después de su declaración, eso fue denunciado, eso provocó que tribunal intentara entablar algún tipo de diálogo con Patricia Bullrich y no recibiera ningún tipo de respuesta positiva.

¿Qué lectura haces de esta suerte de triunfo de la ley a favor de los sectores populares en el contexto de crecimiento represivo contra la protesta social en el que estamos?

Nuestra lectura es que básicamente es muy importante el caso para demostrar cómo funcionan las políticas del Ministerio de Seguridad actual, dado que se desentendió por completo de este caso, no estuvo dispuesto a entablar un diálogo ni con las víctimas, ni con las organizaciones. El tribunal le pedía ese acompañamiento para procurar la seguridad de las familias en el barrio, pero las voces oficiales del Ministerio dijeron que no era algo de su competencia, luego cubrió esa famosa rueda de prensa en contra de La Poderosa, luego ocurrió el caso Rego que tampoco es menor, a un par de cuadras de donde ocurrió este hecho, en la misma zona. Lo que pasa es que está empezando a quedar claro y es algo que sería deseable que Patricia Bullrich tome y comprenda y haga algo por eso, que la presencia de Prefectura en el barrio 21 y 24 es problemática desde hace un montón de tiempo. Tanto este caso como los episodios que sucedieron durante el juicio que nosotros informamos al Tribunal muestran eso. El caso Rego está avanzando casi en los mismos tiempos que este, en ese caso se mató a un pibe por intentar esquivar un control vehicular, es gravísimo.

Gran parte del desafío es sensibilizar a sectores de la clase media que no encuentra en esto un problema, ¿no?

Tampoco lo comprenden porque como Prefectura esta apostada en un barrio humilde, lo piensan como un problema ajeno, pero no es un problema ajeno, es de todos y muy grave.

Y que no haya una cuota institucional a la altura es tener un Ministerio de Seguridad intentando esconder la tierra bajo la alfombra. Me parece que el caso Rego va a avanzar en el mismo sentido que este. Si todo sale bien va a ir a juicio y ahí vamos a estar hablando ya de un segundo caso que involucra a la Prefectura. Está lleno de casos así y los pibes tienen miedo a denunciar, después tienen miedo a que se pare la investigación, y eso pasa porque no tienen una espalda o un acompañamiento en el día a día, que esté ahí con ellos. Si tenés un problema, si se te acerca alguien, alguien te amenaza, tener con quien conversar, con quién evacuar esa situación de manera inmediata. El Estado Nacional básicamente se negó a eso, se negó a escuchar que a estos pibes los estaban amenazando o estaban teniendo situaciones conflictivas de violencia en un contexto de un juicio contra 6 efectivos de esa fuerza.

¿Se estaba perpetrando otro delito contra los pibes en ese momento también?

Exacto, que la respuesta de la ministra de Seguridad sea no hacerse cargo, que es lo que Patricia Bullrich hizo fue re victimizarlos. Era ella quien debería haber puesto un poco de paños fríos y ordenar los patos para dar garantías en la investigación y el juicio. Pero bueno.

¿Qué pasa cuando una de las principales instancias del Estado que debería dar una respuesta efectiva se niega a darla con indiferencia como me lo estás planteando, hay posibilidades de recurrir a instancias superiores o internacionales?

Si, en principio se opta por resolver en instancias locales por medio de presentación de notas, o en CELS pidiendo reuniones que por supuesto no fueron respondidas.

En el marco de la causa como se dieron en el marco del juicio podías recurrir a los jueces pero también uno podría recurrir a instancias internacionales cuando hay hechos concretos y luego de agotar las instancias más locales. En este caso se resolvió bien. Hubo una respuesta judicial efectiva, se resolvieron en tiempo récord las instancias condenatorias.

Ustedes como institución como Cels también han sido víctima de ataques directos por parte del Estado Nacional. Me estoy acordando sobre todo del caso Santiago Maldonado que directamente han sido acusados de formar parte de organizaciones para desestabilizar al gobierno.

Si, eso es parte de lo que ya estamos acostumbrados y pasa por llevar a cabo investigaciones que no gustan al gobierno. Sobre este caso no hubo ningún tipo de pronunciamiento.

Nosotros además de pedir prisión para las personas responsables directa del hecho también solicitamos al Tribunal que dicten unas medidas de reparación, que es algo un tanto novedoso en los juicios penales por lo menos, no es algo que se hace normalmente. También emitimos una serie de medidas que involucraron al Ministerio de Seguridad que estaban relacionadas básicamente a que den a conocer el fallo, lo publiquen en su página oficial, en el boletín oficial que haya un reconocimiento institucional de que hubo un grupo de gente a su cargo que básicamente cometió una violación de los Derecho Humanos con dos menores en un barrio pobre.

¿Podemos esperar que haya una expresión pública?

Podemos esperar que sí, los fundamentos del fallo van a estar el 22 de octubre. Recién en esa fecha vamos a conocer todo el análisis. La idea es continuar interpelando al Ministerio de Seguridad porque ahora hay un resultado muy contundente que indica que 3 jueces, durante 4 meses estuvieron escuchando y recibiendo pruebas y dijeron “esto paso así como dijeron los pibes”. Y fallaron diciendo “acá tenemos a los responsables”, esa parte es muy importante en la sentencia, más allá de la pena y que van a ir a la cárcel, porque es la prueba fehaciente del sentido positivo de haber recuperado la palabra de los pibes. Hay una parte muy simbólica, que es que el poder judicial después de haber escuchado y analizado todas las pruebas dijo: “Sí, esto efectivamente pasó como lo dijeron los pibes”.

Se suele hablar de la figura del abogado del niño para estos casos se debería consultar a un abogado que escuche y le de valor a la palabra de los implicados y víctimas.

Sí. De todas maneras en el juicio estuvo presente una Defensora de Menores que hizo un control del cumplimiento de todas las normas y todos los derechos que tienen los chicos víctimas en este tipo de casos. O sea que ellos tenían una doble representación que era la nuestra y además la de la Defensora de Menores.

En relación con los prefectos condenados ¿ya van a cumplir condenas efectivas?

Si, ellos están en prisión preventiva desde el momento que los detuvieron, desde el momento que se inició la investigación básicamente el delito de tortura es un delito muy grave tiene una pena muy alta, por ese motivo desde aquel momento y porque habían estado prófugos también algunos de ellos se los detiene y cuando los condenaron tuvieron que volver a sus respectivos pabellones a cumplir el resto de la pena.