En Tucumán se frenó el proyecto para prohibir el aborto en casos de violación

El viernes 9 de noviembre se conoció un proyecto de ley presentado a la legislatura tucumana, que pretendí prohibir el aborto en cualquier situación, incluso las actualmente previstas como no punibles.

En su artículo 4, el proyecto impulsado por el peronista Marcelo Caponio, establece la “no discriminación al niño por nacer gestado por causa de violación” y sostiene que “no se reconoce la categoría discriminatoria de niños deseados y niños no deseados”. (Foto Agencia Apa)

Además habilita la objeción de conciencia institucional y criminalizar a las organizaciones que acompañan a las mujeres que abortan, ya que propone penar lo que llaman la incitación al aborto. También suprime el principio de confidencialidad en la relación médico paciente.

Aunque los 29 legisladores que firmaron el proyecto son suficientes para sancionar la ley, se escucharon voces disidentes dentro y fuera de la legislatura, y finalmente no obtuvo dictamen de las comisiones de Familia y Mujer y fue archivado, es decir que no pudo ser tratado en el recinto.

Las organizaciones sociales, feministas y de derechos humanos tanto tucumanas como a nivel nacional expresaron su repudio al proyecto, a sabiendas de que en Tucumán en los días previos a la discusión de la interrupción voluntaria del embarazo el 8 de agosto en el senado. La legislatura declaró a Tucumán como provincia “pro vida”

El diputado nacional Pablo Yedlin, quien votó a favor de la ley de interrupción del embarazo en la cámara baja de la nación, el intendente de Tafí Viejo Javier Noguera, la diputada radical Teresita Villavicencio y la legisladora provincial Stella Maris Córdoba, entre otros, expresaron públicamente su rechazo.

Con el caso Belén como antecedente más conocido de criminalización del aborto, la provincia se encamina a un proceso de judicialización de mujeres que abortan, y profesionales de la salud que practican interrupciones legales en el marco del Código penal y el fallo FAL

Tucumán es la única provincia que no adhirió a la Ley de salud sexual y procreación responsable y tiene serias dificultades para implementar la educación sexual integral por el lobby de las organizaciones católicas y grupos de padres.

Sobre el proyecto, la legisladora Stella Maris Córdoba conversó con Lejos de Zaiman, por Radio B de Tucumán

¿Le sorprende el nivel de adhesión que tiene nuestra legislatura?

Me enteré por una nota periodística, no sabía que había ingresado este proyecto. Pero no me sorprende esta medida después de lo que vivimos en ese momento en que Tucumán se declaró como provincia “pro vida”. Pienso que es una medida electoralista; a primera vista es un tema que no nos corresponde legislar, tiene que ver con el Código Penal, que se disputa en Congreso de la Nación, no en la provincia. Son atribuciones que no nos corresponden, por eso me parece que se va a poder pedir declararlo inconstitucional. Más allá de que cada uno tenga derecho a pensar diferente sobre esta temática, yo no lo comparto conceptualmente”

¿El hecho de instalarlo en la agenda es un obstáculo para la consecución de políticas de derecho como la ley de Educación Sexual Integral?

Totalmente, es una medida política para impedir el avance de la ley de salud sexual y reproductiva. Somos la única provincia no adherida y si alguien lee el texto es un desconocimiento de derechos de la mujer; va a contramano de todo el movimiento de lo que es el derecho de la mujer, de salud, de participación del estado previniendo no solo embarazos sino de todo lo que implica, el VIH, enfermedades de transmisión sexual. Con ESI podríamos Impedir que Tucumán sea la provincia con más embarazos adolescentes o de madres niñas. Para mi es incomprensible.

El proyecto va acompañado de un discurso de protección a la mujer embarazada, incluso violada y niñas de 12 o 13 años; ese discurso afirma que hay que eventualmente dar en adopción a niños que nacen producto de una violación…

Según mi criterio, y siempre trato de no juzgar a aquel que piense distinto, es que esto es un proyecto retrógrado. Va en contra de todos los derechos de la mujer, me parece hasta hipócrita. Les pediría a los legisladores que me digan a cuántos niños van a adoptar, o de la calle de cuantos se harán cargo. Hay que ver la realidad social existente, me parece una ley contraria a derechos y contraria a todo lo que pasa en el mundo.

Me parece más una declaración política, una medida electoral, por la alta participación de gente con el slogan pro vida en Tucumán, teniendo en cuenta el año que viene hay elecciones, esperando el voto conservador.