25 de abril: Día de la lucha contra el maltrato infantil

Por Agustín Mazuy

La fecha fue establecida a nivel mundial con el objetivo de fomentar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como también para concientizar sobre las consecuencias negativas del maltrato en la infancia. Según la Organización Mundial de la Salud, el maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. El maltrato infantil es una importante problemática a nivel mundial. Según la OMS, distintos estudios internacionales revelan que una cuarta parte de los adultos manifiestan haber sufrido maltratos físicos cuando fueron niños, y una de cada cinco mujeres y uno de cada trece hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia. En cuanto a nuestro país se refiere, hay algunos datos estadísticos que pueden ayudarnos a tener un panorama de los alcances de la problemática: En 2020 se registró un aumento del 15% en los llamados a la línea 137 (por violencias intrafamiliares y/o sexuales), respecto del 2019. Y se incrementaron considerablemente las realizadas directamente por niñas, niños y adolescentes. Con respecto al abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes, se registraron 3.219 víctimas. En todos los grupos etarios, el mayor porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual pertenece al género femenino, representando casi 4 veces más que el masculino. La diferencia según género se amplía a mayor edad de la víctima. Así mismo, el 74,2% de las víctimas fueron violentadas por alguien de su entorno cercano o ámbito de confianza. El 44% de las violencias en entornos digitales fueron por el delito de grooming. Estos datos forman parte de un informe presentado de forma conjunta por el Ministerio de Justicia y UNICEF, y los datos corresponden al año 2020. Consecuencias del maltrato infantil El maltrato y las distintas formas de violencia que sufre una gran cantidad de niñas, niños y adolescentes muchas veces ocasiona consecuencias que van más allá del daño físico. Según la ONG de cooperación internacional por la infancia, Educo, algunas de las consecuencias de indole psicologica y social, generadas por el maltrato pueden ser: Aislamiento: No querrá salir de casa, ni relacionarse con nadie y dejará de lado las actividades de su rutina diaria. Cambios en la forma de actuar: puede que el niño o niña demuestre enfado o se ponga agresivo. Reducción en el rendimiento escolar: los estudios también se pueden ver afectados por el maltrato infantil: El niño o niña no querrá ir a clase (sobre todo si el foco del maltrato está en la escuela) y sus calificaciones académicas se verán afectadas. Falta de confianza en sí mismo: el maltrato infantil puede minar la confianza en uno mismo y suponer que se produzcan casos de depresión, ansiedad o estrés. Robar dinero o alimentos: son signos de que un niño o niña puede estar desatendido. Intentos de huir de casa: otra de las consecuencias importantes es la necesidad de huir de casa, sobre todo si es el lugar donde se produce el maltrato. Intentos de suicidio: en ocasiones extremas el niño o niña puede intentar atentar contra su propia vida. ¿Cómo deben tratarse los casos de maltrato en los medios de comunicación? Muchas veces, algunos casos graves de maltrato infantil llegan a ocupar un lugar en la programación de los grandes medios de comunicación. Por eso vale la pena preguntarnos ¿Cuál es el tratamiento correcto de un caso de maltrato infantil? Aquí va una serie de recomendaciones elaboradas por la Defensoría del Público para el tratamiento mediático responsable del abuso hacia niños, niñas y adolescentes: 1. Realizar una cobertura respetuosa de los derechos antes que una mediatización sensacionalista y espectacularizante de lo sucedido. 2. No difundir información que permita identificar a las víctimas dado que la exposición puede comprometer sus derechos. Evitar tanto la identificación directa -difusión de datos personales, imágenes de vivienda, fotografías y videos sin blurear y audios sin editar (alterando la voz para evitar el reconocimiento)- como la indirecta -difusión de nombres de los padres, familiares, imágenes de escuela y demás espacios de pertenencia. 4. Evitar realizar cualquier afirmación que tienda a culpabilizar o responsabilizar a las víctimas y deslegitimar sus demandas. 5. Se recuerda la necesidad imperiosa de respetar la vida privada de las personas, en particular niños, niñas y adolescentes. 6. Realizar abordajes respetuosos de la situación que atraviesan víctimas y familiares. Para ello es importante: – No exponer a cámara o entrevistar a personas en estado de conmoción o cualquier otro estado emocional derivado del hecho que motiva la denuncia. – Evitar la utilización de primerísimos planos y del zoom in para captar el sufrimiento de las personas afectadas. – No centrar la comunicación del hecho en la descripción por-menorizada y repetitiva de lo escabroso-dramático, ya que este tipo de narrativas devienen en una revictimización de las personas afectadas. 7. Procurar un abordaje riguroso, no basado en conjeturas o supuestos, sino en fuentes pertinentes y especializadas. ¿Cómo actuar ante un caso de maltrato infantil? En nuestro país existe la Línea 102, un servicio gratuito y confidencial, de atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. Se puede llamar a ella ante una situación de amenaza, de vulneración de derechos, para solicitar asesoramiento o simplemente si necesitás hablar con alguien. Es importante recordar que la linea 102 no es una línea de emergencias, por lo tanto para denunciar situación que amerite intervención urgente debe llamar al número de emergencias local (101) Puede comunicarse a la línea 102: Niñas, niños y adolescentes. Familiares y otras personas adultas referentes (docentes, vecinos y vecinas, organismos gubernamentales y de la sociedad civil, etc). Cualquier otra persona que tenga conocimiento o sospecha sobre una situación de vulneración de derechos de un niño, una niña o adolescente.