8 de mayo: Día nacional contra la violencia institucional

Este domingo 8 de mayo se conmemora el Día Nacional Contra la Violencia Institucional. Este dia fue instaurado por la Ley Nacional 26.811 el año 2013, se adoptó en memoria del asesinato de parte de efectivos de la policía bonaerense de Oscar Arades, Roberto Argarañaz y Agustín Olivera, en el barrio Ingeniero Budge, de la Provincia de Buenos Aires. El hecho, conocido como Masacre de Budge, fue contemplado por familiares y vecinos de las víctimas que se organizaron para pedir justicia. Según el manual de Derechos Humanos frente a la Violencia Institucional, elaborado por La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se define a la violencia institucional como toda aquella práctica que implique un abuso, omisión de un reclamo o impedimento del pleno ejercicio de un derecho por parte de una determinada institución pública, principalmente de las órbitas de seguridad, salud y justicia, sobre la ciudadanía. Además, deben ser prácticas específicas por funcionarios públicos en contextos de restricción de autonomía y libertad. Desde ANITA, charlamos con Matias

Lorenzo Pisarello, especialista en seguridad de la organización de derechos humanos Andhes.

Durante los últimos años y especialmente durante el aislamiento social y obligatorio debido a la pandemia por el covid-19 se produjeron graves casos de violencia institucional, por ejemplo el asesinato de Luis Espinoza en Tucumán, y la desaparición de Facundo Astudillo Castro en Buenos Aires. En su momento, Amnistía internacional presentó un informe donde reportaba más de 30 casos de violencia institucional durante el aislamiento obligatorio por COVID 19 en Argentina. ¿Crees que la cuarentena y las medidas restrictivas ayudaron a incrementar los casos de violencia policial? -Sin dudas la decisión estatal de otorgar a las fuerzas de seguridad el control del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio derivó en la aplicación de las mismas practicas violentas, arbitrarias y discriminatorias con las que suelen trabajar. El resultado de la decisión estatal fue el encarcelamiento de un gran número de personas, la mayoría de las cuales pertenecían a sectores sociales de bajo poder económico. Esa medida de Aislamiento Obligatorio por momentos y en diferentes puntos del país se fue de las manos del poder político y se multiplicaron las denuncias de casos de violencia policial. Tucumán no fue la excepción y los casos de Nadal y Espinoza demostraron que la violencia policial se encuentra arraigada en las prácticas habituales del personal policial, su forma de actuar es parte del proceso de formación autónoma que reciben quienes ingresan a la fuerza de seguridad. Cuando a las fuerzas de seguridad se les da un cheque en blanco para actuar y nadie controla su accionar el resultado siempre estará relacionado con mayor violencia contra quienes tienen menos recursos y herramientas para denunciar esos abusos. Lamentablemente, es común escuchar a ciertos sectores de la sociedad avalar casos de violencia institucional. Por ejemplo con frases como " algo habrán hecho". ¿Por qué crees que sucede esto? -Entiendo que esa frase se relaciona con un sentimiento de enojo y decepción por parte de un sector de la sociedad que reclama mayor seguridad al Estado y al no obtenerla, elige posicionarse en un supuesto lugar “neutro”, desde donde legitima el accionar violento y abusivo de las fuerzas de seguridad con la esperanza de que su reclamo sea garantizado. El “algo habrán hecho” quedó instalado durante el Terrorismo de Estado donde muchas personas miraban al costado para evitar reconocer los secuestros y las torturas y distanciarse de lo que sucedía. Hoy, se la sigue utilizando para permitir que agentes policiales maten, golpeen o torturen a jóvenes de barrios populares con el argumento de que a través de esa mecánica conseguirán mayor seguridad. La reiterada formulación de ese concepto permitió lamentablemente, que la violencia policial se encuentre arraigada en las prácticas habituales del personal policial y que siempre se ponga en duda la vida personal de las víctimas de abuso policial. ¿Te parece que desde el estado se podrían haber tomado medidas para evitar esto? -La creación de organismos de control del accionar policial siempre es una decisión que reduce los márgenes de actuación violenta, pero lo cierto es que el Estado podría haberse apoyado en otros organismos del Estado y no delegar a las fuerzas de seguridad el absoluto control de lo que sucedía en las calles. Como miembro de ANDHES, ¿te animas a brindar una reflexión sobre todo lo que implica la violencia institucional? -Creo que la violencia policial debe ser erradicada por completo de nuestra sociedad. Para ello, lo primero que debe hacer el Estado es reconocer su existencia y dejar manifestar que los casos de violencia son hechos aislados sino que forman parte de prácticas policiales violentas que suceden diariamente y que ningún organismo se encarga de ponerle un punto final. Como siempre decimos desde ANDHES, ha llegado la hora de que el Estado formule políticas públicas serias en materia de seguridad, con diagnósticos que ayuden a determinar las distintas conflictividades y las soluciones a cada una de ellas según sus particularidades, pero sobre todo creemos necesario una reforma en el seno de la institución policial que prevea cambios profundos en el ingreso y formación de su personal. A ello, sin dudas debe acompañarse con mecanismos y herramientas eficientes para impedir y erradicar la violencia institucional