A 13 años del caso Luciano Arruga, la violencia institucional sigue matando.

El pasado lunes 31 de enero, se cumplieron 13 años de la desaparición seguida de muerte de Luciano Arruga. Al momento de su desaparición, Luciano tenía 16 años, y un fatídico 31 de enero de 2009 fue detenido por la policía y llevado al destacamento de Lomas del Mirador donde fue golpeado y desaparecido. Sin embargo, Luciano ya había vivido la misma situación un año antes, el 22 de septiembre de 2008, fue detenido y torturado en esa misma dependencia. Su cuerpo sería encontrado recién en el 2014, enterrado como N.N en un cementerio de Chacarita.

Actualmente un efectivo policía se encuentra condenado por torturar a Luciano en el año 2008. Sin embargo, hasta el día de hoy, los hechos que llevaron a su desaparición y muerte siguen sin esclarecerse. La causa está a cargo de la justicia federal, bajo la carátula de desaparición forzada.

La familia, acompañada de diversas organizaciones sociales continúa luchando para encontrar justicia por Luciano, además exigen que las fiscales Castelli, Cejas y el juez Banco sean sometidos a juicio por su accionar cuando estuvieron a cargo de la causa.

Tuvimos la posibilidad de charlar con María del Carmen Verdú, referente de CORREPI. Quien nos brindó las siguientes declaraciones:

“La desaparición forzada y muerte de Luciano es uno de los 208 casos idénticos registrados en nuestro Archivo desde diciembre de 1983. Ni el primero, ni el último, aun cuando por diversas razones cobró más visibilidad que otros casos. La desaparición de Luciano y su trascendencia permitió poner en la agenda pública esas desapariciones, particularmente las vinculadas a historias de hostigamiento y persecución policial”.

Además, señaló que: “Jueces y fiscales tienen un rol bien claro en el actual estado de las cosas, que es garantizar la impunidad de los represores. Siempre funciona igual y no es por casualidad. Por eso los casos siguen siendo mayoritariamente impunes”.

Verdú remarcó también la importancia que tuvo la prensa alternativa, en casos como el de Luciano: “En el caso de Luciano, fue la prensa alternativa, independiente, autogestiva la que puso el caso en evidencia. Llegó un momento que la prensa oficial tuvo que reflejarlo. Los grandes medios son la caja de resonancia y amplificación del discurso oficial.

María del Carmen Verdú

Lamentablemente el caso de Luciano Arruga no fue el último, en donde el accionar policial terminó costando la vida de un joven. Por eso, desde Anita decidimos comunicarnos con Matías Lorenzo Pisarello, encargado de seguridad en ANDHES, para analizar la situación que atraviesa nuestro país y principalmente nuestra provincia, en cuanto a casos de violencia institucional se refiere.

Hoy se cumplen 13 años del caso Luciano, desde tu lugar en ANDHES

¿Qué análisis haces sobre los casos de violencia policial en nuestra provincia?

Sin lugar a dudas Tucumán atraviesa una crisis política en materia de seguridad que afecta el desempeño de los agentes policiales. Año tras año aparecen nuevos casos de gatillo fácil e incluso el caso de Luis Espinoza demostró que no estamos exentos de prácticas similares a lo sucedido con Luciano Arruga.

Entiendo que la falta de capacitación profesional de los agentes policiales sumada a la discriminación con la que ejercen su función, es un combo violento y mortal para muchos jóvenes de barrios populares.

No podemos dejar pasar por alto que la vigencia de la ley de contravenciones permite a los agentes policiales detener personas sin ningún tipo de control judicial, incluso con la posibilidad de privarla de libertad por 48 horas, sin dar aviso de tal situación.

En estos casos, adolescentes en su mayoría, son trasladados a comisarías sin ninguna razón, donde suelen ser golpeados y donde además se les cobra un monto de dinero para recuperar su libertad.

¿Crees que hubo avances con el tiempo o la situación sigue igual?

No se vislumbran cambios en la actuación policial. La violencia es una practica arraigada en la tarea diaria y el poder político hace oídos sordos a la innumerable cantidad de denuncias de violencia policial que incluyen casos de tortura en los lugares de detención. La ley de contravenciones no fue modificada, no existen mecanismos aptos para denunciar estos casos y ante cada hecho de trascendencia pública el Estado lo plantea como un hecho aislado y no como parte de una práctica habitual.

¿ Cuál es el lugar que crees que ocupan las organizaciones sociales como ANDHES en la lucha contra la violencia policial?

Las organizaciones sociales tenemos la obligación de poner en conocimiento del Estado lo que sucede diariamente con la actuación policial. Pero debemos trabajar en crear y fortalecer mecanismos colectivos de denuncias porque los casos aislados generalmente no avanzan judicialmente y las víctimas quedan expuestas ante los victimarios. Por otro lado, debemos involucrarnos en la problemática, analizando que tipo de funciones creemos debe tener la institución policial en una sociedad democrática y por sobre todo, articular con el Estado para que la policía no sea el primer, y casi único, representante estatal en los barrios. Quienes realizan trabajo territorial deben buscar estrategias para que los agentes policiales a cargo de las comisarías cercanas sepan que cada hecho de violencia policial será registrado y oportunamente denunciado.

Matías Lorenzo Pisarello

En el caso de Luciano, se denuncia una actitud cómplice de la justicia. ¿Es algo que vean que se repite constantemente en casos como estos?

Durante muchos años la Justicia se desentendió de la problemática y dejó que los agentes policiales actuaran sin ningún tipo de control, lo que provocó la creación de una habitual práctica violenta en la labor policial. En la actualidad la Justicia no interviene en las detenciones por contravenciones policiales y permite una y otra vez que cientos de jóvenes sean detenidos sin control judicial y mucho menos investiga las denuncias de casos de violencia en esas detenciones. Sin embargo, debemos reconocer un avance en la investigación y sanción de casos de gatillo fácil. Los casos de Ismael Lucena, Facundo Ferreira y Miguel Reyes Pérez así lo demuestran. En todos esos casos agentes policiales fueron condenados.

¿ Crees que el estado actualmente está tomando medidas para prevenir y castigar casos de violencia policial?

En particular, como ya lo dije, el Poder Ejecutivo no reconoce la violencia policial como una práctica habitual y arraigada en la tarea policial. Ante cada hecho de trascendencia pública la primera respuesta oficial es que estamos en presencia de un caso aislado. Ahí radica el principal problema. Si no se reconoce la existencia de una problemática, no se trabajará en una solución.

¿ Qué otras acciones se podrían llevar a cabo para para luchar contra este flagelo?

Es imprescindible una reforma policial amplia, que ponga eje en cómo debe realizar el trabajo la policía. La actual ley orgánica policial data de 1971 lo que implica un desfase temporal entre las funciones asignadas oportunamente con lo que hacen en la actualidad. Sería de vital importancia la creación de una oficina civil que recepcione denuncias de violencia policial y se realicen las investigaciones correspondientes. Asimismo, es imperiosa la inmediata derogación de la ley de contravenciones policiales y sería interesante pensar nuevas estrategias de presencia de otros organismos del Estado en los barrios que permitan descomprimir la tensa relación entre los jóvenes y la policía.

Lo que está claro es que si el Estado no se hace cargo de la existencia de la violencia policial como práctica habitual de la tarea de algunos (o muchos) de sus agentes policiales, será muy difícil encontrar una solución a la problemática.