Bajar la edad de imputabilidad, otra medida que no soluciona nada.

Cada infracción a la ley penal que involucra la participación de un adolescente vuelve a poner sobre el tapete la discusión sobre la baja de edad de imputabilidad. Sobre todo si estamos con un proceso electoral en puerta. Lo cierto es que bajar la edad de imputabilidad no resuelve ningún problema de inseguridad, ni la reduce. Y lo que es peor, confunde el fondo de la cuestión de una necesaria reforma del Régimen Penal Juvenil.

Allá por 2010, los entonces representantes de todos los organismos de protección local de derechos de nnya, reunidos en Consejo Federal, firmaron un acta denominada “Adolescencia no es sinónimo de inseguridad” y plantearon que “el necesario debate acerca de cómo sancionar conductas ilícitas no puede ocultar o tergiversar el fondo de la cuestión, que es la necesidad de fortalecer los mecanismos y políticas de inclusión social, de ejercicio de ciudadanía, de promoción y protección integral de los derechos. No hay mejor prevención que la inclusión”

Y todos los años posteriores a la sanción de la ley 26061 fueron años de un profundo trabajo en las áreas locales de niñez de cada Provincia y de la Nación, en pos de hacer realidad esta premisa: dejar atrás el Patronato de Estado, fortaleciendo el Sistema de Protección Integral de Derechos a lo largo y ancho de nuestro país. ¿Fue suficiente? No. La infantilización de la pobreza es una tragedia que nos va a llevar décadas revertir. Y cuando se agrava la crisis económica, y cuando el Estado deja de cumplir un rol garante (como nos ocurrió nuevamente en el periodo 2015-2019), volvemos atrás. No solo en materia de políticas públicas efectivas, sino también en la operación mediática que busca instalar “culpables” de las crisis, demonizando las adolescencias y las juventudes pobres.

La construcción de un sistema penal respetuoso de los derechos humanos (el actual está lejos de serlo porque mezcla concepciones, paradigmas, bases interpretativas) no se agota en una reforma normativa, sino que requiere herramientas institucionales y comunitarias que permitan consolidarlo y sostenerlo en las prácticas cotidianas.

Pero fundamentalmente implica sacarnos la careta como sociedad y entender que el permanente acoso de los medios de comunicación, presentando la infancia desde el miedo o la amenaza potencial, tiene un solo final posible: adolescentes que terminan en la ferocidad de la represión de sus derechos, viviendo en una sociedad que los oprime y mantiene el statu quo de los privilegios, intactos

Lleno de “salvadores del niño” está hecho el camino hacia la internación (privación de libertad en el caso de los adolescentes infractores) de las adolescencias “que se salen del guion”. El disciplinamiento y el control social no tienen como objetivos discutir la reforma necesaria para tener un Régimen Penal Juvenil democrático y respetuoso de los Derechos Humanos, ni tampoco busca generar los dispositivos que permitan que cada adolescente infractor pueda asumir su responsabilidad y transformar sus conductas. El odio manifestado en las redes sociales acerca de quienes consideran “descartables” solo acrecienta las brechas sociales, manteniendo a las infancias pobres bajo un régimen injusto y arbitrario, que gira sobre sí mismo esquivando resolver el problema de la lacerante desigualdad en la que vivimos.

Dra. Daniela Bravo