La demagogia punitivista ataca los derechos de los menores

Hace unas semanas, en plena campaña electoral, previa a la contienda legislativa del 14 de noviembre nuestro país se conmocionó por el asesinato de un comerciante de Ramos Mejia, en la provincia de Buenos Aires. Como podía esperarse el caso se viralizó velozmente y desde distintos sectores políticos se lo aprovechó para sacar rédito electoral. Dirigentes muy importantes de la política nacional como el jefe de gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta, volvieron a plantear la necesidad de bajar la edad de punibilidad, presentando está medida como un solución a los problemas de inseguridad.

Unos días después el asesinato de Lucas González cometido por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires demostró que en el mundo de las apariencias y de las extorsiones, cualquier integrante de los sectores populares puede recibir dos tiros en la cabeza como consecuencia de estereotipos tan potentes que movilizan acciones con más determinación incluso que los protocolos institucionales reconocidos. Los Policías comprometidos pensaron que chicos con esa apariencia y esos rostros eran delincuentes y eso por sí mismo justificaba el acecho.

¿Hay una relación directa entre pedir la baja de edad de imputabilidad reforzando el miedo y la aversión social contra los jóvenes de sectores populares y la criminal acción de la policía de CABA ocurrida apoca semanas de fogonear ese discurso?

Posiblemente no se pueda aseverar algo tan tajante, pero si se puede decir que los discursos punitivistas repetidos en los medios hasta el hartazgo van configurando un proceso de aceptación social de los actos de violencia institucional que minimizan las graves implicancias que esto tiene y su modo paulatino de horadar la Democracia.

Pero nos preguntamos antes aun ¿Hay relación necesaria entre bajar la edad de punibilidad y la mejoría de los indicadores de seguridad urbana?

Desde ANITA quisimos saber qué hay de cierto en esta idea, tantas veces postulada como la solución de todos los males por los sectores conservadores y punitivistas y consultamos con la abogada Mayra Luna, referente del equipo de niñez de la agrupación Andhes (Abogados y abogadas del Noroeste por los derechos humanos), quien nos brindó su opinión sobre el tema:

Se suele reclamar la baja de la edad de imputabilidad como una manera de solucionar los problemas de inseguridad. ¿Qué opinión tiene sobre estos planteos?

tipo de proyectos o propuestas siempre surgen en épocas electorales, bajar la edad de punibilidad no logra resolver ninguna de las causas estructurales de los problemas de inseguridad, sino que es una respuesta demagógica e ineficaz que responde a la presión social. Lo único que logra es acentuar la criminalización y estigmatización de la niñez y de la adolescencia, sobre todo pobres. Se trata de ideas que siempre cobran fuerzas en épocas electorales, porque son propuestas que responden a la presión social y no a una verdadera política de prevención criminal.

¿ Que establece el régimen penal juvenil actual, para los chicos de 16 años que cometen delitos?

Actualmente se encuentra en vigencia el régimen penal juvenil sancionado por el decreto ley 22278 que es un decreto del año 1980, en plena dictadura cívico militar. Este régimen vigente entra en contradicción con todos los principios y derechos garantizados en los distintos tratados y normas que conforman el ordenamiento en materia de niñez y adolescencia, tiene un marcado espíritu tutelar y se configura en realidad en una aplicación del sistema penal de adultos a los adolescentes. Esto es totalmente contrario a derecho porque uno de los principales principios en materia de adolescentes presuntos infractores de la ley penal, es que tanto el proceso, la justicia y todos los actores que intervengan en los procesos de adolescentes, tienen que ser especializados. Por otro lado a nivel provincial tenemos en vigencia desde el año pasado, el nuevo código procesal penal, este código contiene una serie de artículos que regulan específicamente el proceso penal de adolescentes presuntos infractores, sin duda es un avance el pensar ya en un proceso diferenciado, pero hay que tener en cuenta que es insuficiente y es defectuoso porque solamente se trata de un código de forma que solo regula el proceso. Por eso es imprescindible una nueva ley nacional que regule las cuestiones de fondo que tienen que ver con el régimen penal juvenil. Para que se configure un nuevo régimen penal juvenil que sea respetuoso de los derechos de los adolescentes y las adolescentes presuntos infractores de la ley.

¿Cómo afecta a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el que esté tan naturalizado en la sociedad la idea de que la justicia tiene que castigarlos cada vez más jóvenes?

La naturalización de estas ideas en la sociedad, lo que logran es alimentar en el imaginario colectivo la idea de que la niñez y la adolescencia son peligrosas, sobre todo la niñez y la adolescencia pobre. Por lo tanto el principal efecto es seguir estigmatizando y criminalizando a los y las adolescentes de los barrios de nuestra provincia. También quita el foco de lo verdaderamente necesario, que es la adecuación de las normas, que nuestra provincia haga todas las adhesiones necesarias a todas las normas que garanticen los derechos de la niñez y la adolescencia, que se construyan mayores espacios de participación de adolescentes y de niños, se refuercen los que ya existen, y que haya presupuesto. Que no existan programas vacíos tantos de recursos humanos y materiales, sobre todo que los organismos encargados de la promoción, la protección y el andamiaje del sistema de protección integral, cuenten con todos los materiales para garantizar el acceso al derecho a la educación, el acceso al derecho a la salud de los niños y adolescentes de nuestra provincia. Me parece que ese es el principal efecto, la criminalización, la estigmatización y que se quita el foco de lo que es verdaderamente una política para la niñez y para la adolescencia, como así también se quita el foco de la necesidad de una verdadera política para la prevención criminal, que sea eficiente y que piense en las causas subyacentes a los hechos de inseguridad